El CGPJ investiga si la Generalitat espía los ordenadores de jueces de Cataluña

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer incoar diligencias informativas para investigar esos supuestos «accesos indebidos» a los dispositivos de los jueces por parte de técnicos de la administración autonómica que solo tienen competencias de asistencia informática.

El Poder Judicial apunta que la Generalitat, o alguno de sus técnicos, tendría el propósito de llevar a cabo «actividades de inspección, control o seguimiento» de informaciones que almacenan los jueces, «no previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial».

El órgano de gobierno de los jueces tomó la decisión de abrir esta investigación después de que el jueves de la pasada semana, y sin previo aviso de la subcomisión mixta de informática, comenzaran a aparecer en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad autónoma una suerte de «trampa» para dar acceso a los contenidos confidenciales de las computadores a los técnicos de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat, dependiente del Departamento de Gobernación.

Esa «trampa» que dejaba el acceso libre a la totalidad del contenido de los ordenadores de los jueces, según fuentes del CGPJ, consistía en un mensaje sobre la «vigencia y aplicabilidad» de la instrucción que regula el trabajo de los funcionarios de la Generalitat en apoyo técnico de los jueces. Ese mensaje incluía una mención final que indicaba que el uso del ordenador implica una «manifestación expresa» del conocimiento de los términos y condiciones de esa instrucción, al tiempo que invitaba a pulsar una pestaña de «confirmación de lectura» que forzosamente había de ser aceptada para seguir utilizando el dispositivo. Al pulsar la pestaña de aceptar para seguir trabajando con el ordenador, explican fuentes del Poder Judicial, los magistrados permitían a los técnicos de la Generalitat llevar a cabo esas actividades de «control y seguimiento» de datos comprometedores de sus ordenadores.

La Comisión Permanente recordó ayer que los ficheros de datos existentes en los juzgados son, en buena medida, «informaciones confidenciales» sobre procesados y denunciantes. Unas informaciones «que permiten la identificación de la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias, origen racial o étnico, condenas o infracciones penales» de los ciudadanos, y a las que no deberían acceder los técnicos de la Generalitat.

«Los responsables de los tratamientos son los órganos jurisdiccionales, únicos que pueden autorizar el acceso a los datos. La posibilidad de acceder a estas informaciones para el ejercicio de f unciones de inspección y control se limitan a las establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y no en ninguna otra norma o acto administrativo, como sería una simple instrucción», recordó ayer el CGPJ.

«Además, el acceso debe limitarse a lo imprescindible, lo que excluye la posibilidad de accesos generales o indiscriminados, y debe hacerse con conocimiento individualizado del responsable de tratamiento y bajo su supervisión», señaló en una nota.

La Comisión Permanente también ha acordado requerir a la Generalitat para que suspenda provisionalmente toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales y para que, en el plazo de quince días, informe de manera pormenorizada de todos los accesos que se hayan llevado a cabo en los juzgados.