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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Lunes, 14 de octubre 2019, 00:06
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madrid. Cataluña se blinda para recibir la sentencia del 'procés'. El Ministerio del Interior y los Mossos d'Esquadra acabaron ayer de movilizar a cerca de 3.000 antidisturbios de los tres cuerpos -Policía Nacional, Guardia Civil y policía autonómica- para garantizar la seguridad ante una protesta que el independentismo, consciente ya de que el fallo es condenatorio, quiere que sea la mayor demostración de fuerza de la historia reciente de Cataluña, por encima incluso de las 'diadas' de los últimos años. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska va a aportar unos 2.000 efectivos. El refuerzo supone la tercera parte de la denominada 'operación Copérnico-Avispa' contra el referéndum ilegal del 1-O. No obstante, la situación ahora es totalmente diferente a la de hace dos años. Los funcionarios de la policía y la Guardia Civil no van a actuar en colegios y, además, esta vez la colaboración y cooperación con los Mossos, a priori, está garantizada, a pesar de los últimos encontronazos a cuenta de los discursos incendiarios del máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña, el general Pedro Garrido, contra el independentismo esta semana. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, ya envió el viernes una carta a todos sus agentes en la que aseguró que la policía de la Generalitat «garantizará el orden público y los derechos de todas las personas», y que cumplirá, en todo momento, «las órdenes» que «puedan dar jueces y fiscales».
Todo está listo y aparentemente no debería haber ningún malentendido de los que abundaron el 1 de octubre de 2017. Un Centro de Coordinación (Cecor) de los tres cuerpos centralizará el despliegue. Según lo pactado, los Mossos, como policía integral en Cataluña, serán la primera línea en caso de desórdenes. El cuerpo catalán, que ha suspendido todas las libranzas, tiene listos a 900 antidisturbios de sus unidades de orden público: Brimo (Àrea de Brigada Mòbil) y Arro (Àrees Regionals de Recursos Operatius).
Los agentes de Interior solo actuarían en situaciones de orden público si los funcionarios de la Generalitat se vieran sobrepasados y solicitaran ayuda. Policía Nacional y Guardia Civil se han repartido la protección de las distintas infraestructuras críticas en función de las competencias que tenían antes del despliegue de la policía autonómica.
En principio, el más de millar de miembros de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) llegados de Castellón, Sevilla, Bilbao, Granada, Valencia o Madrid se harán cargo de la protección de instalaciones de grandes núcleos poblaciones, como pueden ser el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona o las estaciones de ferrocarril de Sants y la línea del AVE.
Los más de 800 funcionarios de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil trasladados a Cataluña desde las unidades de Pontevedra, León, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Valencia se están desplegando, entre otros lugares, en el puerto y estación de AVE de Tarragona o en las centrales nucleares de Ascó y Vandellós.
Los análisis de los servicios de información, tanto de Mossos como de Interior, apuntan, por el momento, a una movilización masiva pero pacífica. No obstante, ninguno de los tres cuerpos de seguridad involucrados descarta disturbios.
El independentismo fía su respuesta a la sentencia a varias iniciativas. La primera es una gran movilización ciudadana para tratar de «bloquear el país de punta a punta» con las denominadas Marchas por la Libertad. Según los planes que los CDR, los secesionistas aspiran a movilizar a cientos de miles de personas de manera inmediata solo instantes después de que se conozca esta mañana el fallo del tribunal que preside Manuel Marchena. El «colapso» de la comunidad autónoma deberá durar, al menos, tres días, el tiempo que deberían tardar en confluir en Barcelona las cinco grandes columnas que partirán de forma simultánea desde Gerona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona.
Otro de los puntos clave de la respuesta a la sentencia del Supremo debería ser una movilización estudiantil inmediata tras darse a conocer la resolución. La plataforma Tsunami Democràtic ha convocado protestas contra el fallo en los trece campus universitarios de Cataluña. «Vaciemos las aulas para llenar las calles el día de la sentencia» es el llamamiento distribuido en las últimas horas.
Promovida por algunos de los más conocidos líderes de diferentes CDR de la provincia de Barcelona, esta plataforma mantiene en secreto aún la mayoría de sus acciones sorpresa. Tsunami Democràtic aspira, además de a atraerse a sectores catalanistas no tan radicales, acabar con los episodios de descoordinación de los diferentes comités con el fin de lograr una respuesta «unitaria y masiva» tras el fallo.
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