Casado defiende frenar los traspasos a las autonomías tras el pacto de Gobierno y PNV

El compromiso del Ejecutivo con los nacionalistas vascos salvó el miércoles los seis reales decretos sociales que se votaban en la Diputación Permanente del Congreso. El acuerdo afecta a la legislación sobre productos farmacéuticos, a la jubilación de los trabajadores afectados por un ERE, el tramo de la autopista AP-68 que une Bilbao y Zaragoza y el seguro escolar. Se trata de asuntos que las dos administraciones llevaban semanas negociando y que el PNV cerró el mismo día en el que el Gobierno necesitaba sus votos en la Cámara baja.

«¡No se puede transferir más!», replicó Casado, que se mueve en el filo de proponer «más presencia del Estado» y, al mismo tiempo, defender las autonomías para distinguirse de Vox. En este contexto, recuperó ayer su propuesta de ley de moratoria de transferencias para que «las comunidades desleales», reiteró, «no puedan ejercer esa administración de competencias». Pese a que empleó en dos ocasiones el mismo adjetivo para censurar la falta de lealtad, desde la dirección del PP descartaron que fuese una referencia al País Vasco, y apuntaron más hacia Cataluña.

Las mismas voces rebajaron la crítica a los pactos con el PNV y justificaron la reacción de Casado por la imagen que da el Gobierno de intercambio de transferencias por apoyos en el Congreso. En esa idea insistió en público el líder de los populares. «No puede ser que para aprobar unos decretos en plena campaña electoral se cedan ahora más infraestructuras al PNV, la gestión de los subsidios por los ERE, creo que también pedían en negociaciones ocultas que saliera la Guardia Civil de Navarra... -deslizó- ¿Pero esto qué es?».

El apoyo de los nacionalistas vascos no fue el único que precisó el Gobierno para sacar adelante sus últimas medidas legislativas. Además de Podemos, Esquerra y el PDeCAT -también Ciudadanos se sumó en asuntos como la ampliación de los permisos de paternidad-, EH-Bildu avaló los decretos. El coordinador general de la formación vasca, Arnaldo Otegi, defendió ayer el sí de los suyos a las iniciativas gubernamentales, y Casado le situó en el foco de sus reproches.

El líder del PP se refirió a él como «terrorista confeso». «Estaba en un comando señalando objetivos, que eran nuestros compañeros -cargó-. ¿Cómo es posible que tengamos que aguantar que Otegi diga: os hemos ganado, han merecido la pena 800 muertos, ha merecido la pena la lucha armada, como ellos dicen, hemos conseguido ser claves para aprobar unos decretos que el propio Sánchez decía que eran fundamentales para mantenerse en el poder?». Fuentes del partido llegaron a plantear que la izquierda abertzale «ha conseguido más en un día que en 40 años».

Casado rebautizó, por ello, los reales decretos aprobados en la Cámara baja como «abertzales» y anunció que el PP recurrirá dos de los seis al Constitucional. En realidad, por no ser de «extraordinaria y urgente necesidad», sino de carácter «electoralista».

Se trata de las medidas para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo -las que recogen la equiparación en 2021 de los permisos de paternidad y maternidad- y las que regulan el mercado del alquiler. La dirección del PP se esforzó en aclarar que no cuestionan la importancia de legislar sobre estos asuntos, pero sí que se haga en precampaña y con las Cortes disueltas.