La batalla belga del 'caso Llarena' comenzará el día 25

El abogado contratado por el Gobierno español cuestiona la jurisdicción de Bélgica

ADOLFO LORENTE

Fue algo así como el 'día del president'. Si todos los ojos y oídos estaban puestos en el discurso de alto voltaje que el actual mandatario catalán, Quim Torra, dio a última hora de la tarde, por la mañana, a 1.326 kilómetros, el foco miraba a Waterloo, donde se reunieron los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont. Los unos señalaron a los otros para erigirse en president y, ayer, los tres coincidieron para reiterar, con sus matices, el órdago independentista. No sólo eso. También ayer, pero en Bruselas, arrancó el pulso judicial al juez Pablo Llarena que Puigdemont y los demás políticos catalanes huidos en Bélgica.

No ha hecho más que comenzar, pero el ruido existe y esto es precisamente lo que buscaban los autores de una demanda civil por la que piden sólo un euro de indemnización por la presunta violación de la presunción de inocencia de los demandantes.

«No deja de sorprender que una demanda que cuando la interpusimos fue objeto de toda clase de ridiculizaciones y menosprecios, ahora haya movilizado a los mejores abogados y más de medio millón de euros del erario público para defender a un particular», ironizó Puigdemont, aferrado a su estrategia de «internacionalización del procés» basada en el cuanto peor, mejor.

Esta esperpéntica batalla judicial belga no ha hecho más que comenzar ya que podría demorarse incluso un año, según advierten fuentes judiciales. Lo de ayer fue sólo un aperitivo que apenas duró cinco minutos. El abogado del juez del Tribunal Supremo, Hakim Bourlabah, pidió dos cosas. Primero, el aplazamiento al día 25, y segundo, que la vista se resuelva por tres jueces dada la «excepcionalidad» del procedimiento. Los demandantes no plantearon objeciones y ambas fueron aprobadas.

«El Reino de España y el juez Llarena contestan a la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas. He solicitado que se pospusiera el caso a una audiencia del 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender su inmunidad de jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena», recalcó Bourlabah a los medios.

Respecto al supuesto «error» de traducción que tergiversaba las declaraciones del magistrado del Supremo que dan pie a la demanda (usaron una afirmación cuando Llarena habló en condicional), el asunto ya se ha subsanado ante el tribunal y será tratado en los procedimientos escritos.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos