La Audiencia Nacional abre una causa sobre los servicios de Villarejo al BBVA

El juez García Castellón solicita a 'moncloa.com' y 'elconfidencial.com' todo el material en su poder, que ayer apuntó a seguimientos a la cúpula de la CNMV

MATEO BALÍN MADRID.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió ayer una nueva pieza en la 'operación Tándem', la número nueve, para investigar la contratación por parte del BBVA de los servicios de una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarrejo, llamada Grupo Cenyt, en relación al presunto espionaje «a Sacyr y otros».

Como primera diligencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis ha reclamado a los diarios digitales 'moncloa.com' y 'elconfidencial.com' todo el material en su poder, tanto el que hayan publicado como el que aún no hayan difundido. Por este motivo, agentes de la Policía Nacional se personaron ayer en la sede de esos medios digitales para requerir la entrega «en el acto» de los citados documentos relacionados con la denominada «operación Trampa» sobre la contratación del BBVA al Grupo Cenyt.

Los dos medios de comunicación han ido publicando de forma conjunta desde el día 9 de enero varios documentos y grabaciones que apuntan presuntamente a que el BBVA encomendó a Villarejo la tarea de obtener información sobre el posible intento de Sacyr de tomar el control del banco, para lo que el entonces comisario habría monitorizado más de 4.000 números de teléfono, entre ellos los de altos cargos del banco, de la constructora o del Gobierno socialista por aquel entonces.

Esta circunstancia, no obstante, podría tratarse de meras elucubraciones o de datos recogidos por Villarejo en otras investigaciones judiciales para engordar sus informes privados y justificar las facturas, según comentaron fuentes jurídicas.

Ayer se publicó, además, que las presuntas tareas de espionaje de la empresa del excomisario preso pudieron llegar hasta la misma cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 'Moncloa.com' difundió diversas fotos de los seguimientos en la calle al entonces número dos de la CNMV, Carlos Arenillas, entre finales de 2004 y principios de 2005.

Los documentos gráficos del vehículo oficial de Arenillas o de su domicilio particular fueron almacenados, según este medio, en un archivo con los nombres de «haren» o «harem», por lo que no es descartable que el entonces presidente de este organismo entre 2004 y 2007, Manuel Conthe, también fuese sometido a estrecha vigilancia por parte de los hombres de Villarejo.

El pasado sábado, en una entrevista al diario 'Expansión', Conthe descartó presentar una querella contra Villarejo y el BBVA por las escuchas, pero estimó que «sería razonable que la Fiscalía iniciara acciones para esclarecer su alcance». «La grabación de esas escuchas podría estar prescrita, pero su difusión ahora es evidente que no», afirmó.

'Caso FG'

Del mismo modo, Conthe relató en su blog la relación de los servicios parapoliciales de Villarejo cuando era comisario con el llamado 'caso FG' en enero de 2005. Este asunto versa sobre una denuncia de la CNMV contra la Sociedad de Valores de Francisco González (entonces presidente del BBVA) que señalaba que, poco antes de su venta a Merrill Lynch en 1996, «había ocultado en su cuenta una pérdida de 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros), una irregularidad detectada por los compradores».

El fiscal anticorrupción Daniel Campos abrió entonces diligencias informativas que fueron archivadas meses después y que, por lo tanto, nunca llegaron a un juzgado. Para ello justificó que «no se produjo perjuicio alguno a los clientes a pesar de lo abultado del agujero en términos relativos, pero ni se produjo ni hubo riesgo de insolvencia».

Conthe también sugirió a la Fiscalía que investigara las «mucho más recientes» pesquisas de la llamada 'operación Parquet', «una descabellada investigación privada sobre una supuesta trama corrupta en la CNMV que se llevó a cabo en 2015 y 2016» y que, aseguró, la ejecutó Villarejo «con la posible complicidad de algún funcionarios público de la UDEF (Policía Nacional) y otro de la Fiscalía Anticorrupción».