Aguas de Barcelona, la Fundación La Caixa y Criteria también se van de Cataluña

En un comunicado, la entidad presidida por Isidre Fainé informó de que el nuevo domicilio social tanto de la Fundación La Caixa como de CriteriaCaixa estará situado en la plaza Weyler, 3, de Palma, con el fin de «mantener los intereses y la operativa normal de la entidad y en tanto se mantenga la actual situación en Cataluña». Eso sí, el organismo resaltó que esta decisión «tiene un carácter temporal» y no implica el traslado de personas ni de centros o servicios corporativos, que seguirán operando como hasta ahora con normalidad.

También es «temporal» el traslado de Agbar -empresa participada al 100% por Suez Environnement España, perteneciente al grupo francés Suez- a Madrid. Y el motivo, una vez más, es «la situación política de Cataluña». La decisión tomada ayer por el consejo de administración se hace para «preservar la seguridad jurídica de los inversionistas» y «no supone, en ningún caso, afectación alguna al servicio que las diferentes operadoras prestan en todo el territorio catalán», tal y como explica la compañía en un comunicado.

Sin duda alguna, Cataluña ha vivido una de las semanas más convulsas de su historia reciente tras el referéndum ilegal del 1-O y la posibilidad de que el Gobierno de la Generalitat declare de forma unilateral en los próximos días la independencia. Así, además de que grandes emblemas empresariales de la región como el Banco Sabadell, CaixaBank o Gas Natural han decidido trasladar su sede a otras comunidades, los mercados han castigado especialmente a los valores afincados en Cataluña como Colonial, Cellnex o Grifols. Las agencias de calificación han avisado de una degradación todavía mayor de la calidad de la deuda de esa comunidad (ya en situación de bono basura) y han advertido de los problemas de financiación en caso de secesión. Sin embargo, esto no es algo nuevo y la factura de la deriva independentista lleva años dejándose notar en las arcas catalanas al analizar algunas variables económicas como la financiación o el saldo de llegadas y salidas de compañías.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, rechazó esta semana que se estuviera produciendo una fuga de empresas de Cataluña. Posteriormente, afirmó que la marcha de buques insignias como Sabadell o Caixabank -a los que podrían unirse compañías tan señeras para esa comunidad como Freixenet o Codorníu- era «temporal». Pero lo cierto es que los precedentes cuestionan esas aseveraciones. Y es que el éxodo empresarial hace años que se puso en marcha, aunque sus protagonistas no tuvieran el renombre de multinacionales del Ibex. En concreto, desde 2013 y hasta el primer semestre de 2017 Cataluña ha perdido 1.208 empresas por traslado de domicilio social. Ese es el saldo negativo entre las compañías que han llegado a la comunidad y las que lo han abandonado, según datos de la compañía Informa D&B. En el mismo periodo Madrid ha ganado 1.136 sociedades gracias a que las altas han superado enormemente a las bajas.

El problema para Cataluña es que ese balance negativo ha ido creciendo de forma progresiva. Así, si en 2013 la diferencia entre las compañías que se instalaron en la región y las que se marcharon implicaba una pérdida de 217 sociedades, el año pasado la cifra aumentó hasta las 279. De momento, en los seis primeros meses del año el saldo negativo asciende a 136. Unos datos que todavía no tienen en cuenta el aumento de la tensión actual, lo que podría disparar los guarismos. Como contraste, Madrid lleva un saldo positivo de 134 compañías hasta junio.

Pero la fuga de empresas no es sólo una cuestión estadística, sino que tiene consecuencias económicas. De hecho, las compañías que en 2016 salieron de Cataluña sumaban una facturación de 1.583 millones. Por contra, las sociedades que durante el pasado ejercicio se instalaron en esa comunidad tenían un volumen de ventas de 422 millones. Por tanto, el desfase para la región fue de 1.160 millones de euros, según la compañía Informa D&B. Por contra, Baleares, con un saldo positivo de 1.290 millones, encabeza las ganancias, seguida de Madrid (1.153 millones) y Valencia (369 millones). Precisamente, estas comunidades también están entre las beneficiadas como nuevas sedes de algunas de las grandes empresas del Ibex que abandonan Cataluña esta semana.

Otra de las variables para comprobar el efecto de la incertidumbre es el de la inversión extranjera directa. Hasta ahora los datos para Cataluña son positivos. En 2016 obtuvo 5.152 millones, una cifra ligeramente superior a los 5.072 millones de 2015. El incremento se basa en las buenas perspectivas económicas de la comunidad y de España con una proyección de aumento del PIB alrededor del 3%. Una tendencia que se mantenía hasta el primer semestre de 2017, donde Cataluña recibió 1.601 millones de inversión, frente a los 1.300 millones del año antes.

Sin embargo, ya en el segundo trimestre se produjo una ralentización con la llegada de 700 millones frente a los más de 800 millones de los primeros tres meses. Una desaceleración que podría multiplicarse en la situación actual. Y es que esta variable es una de las más expuestas a los escenarios de inestabilidad. «Si el conflicto se prolonga, la vía más vulnerable sería la inversión. Todo inversor a largo plazo lo que busca es estabilidad», señala Raymond Torres, director de Coyuntura Estadística de Funcas. En su opinión lo que está en juego con la declaración de independencia es la seguridad jurídica de las empresas que están o quieran instalarse en Cataluña, lo que hará pensarse mucho poner dinero en esa comunidad.

Otro de los grandes problemas económicos de Cataluña tiene que ver con la financiación. Esta semana las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor's informaron que ponían en perspectiva negativa la deuda de Cataluña por la «tensión política». Asimismo Moody's advirtió de los problemas que tendría la Generalitat para financiarse en caso de independencia. Hay que tener en cuenta que Cataluña -como otras comunidades- tienen cerrados desde hace años los mercados por los altos tipos de interés que le exigían los inversores. De hecho, Cataluña logra esos recursos a través de los mecanismos extraordinarios de financiación de Hacienda como el FLA o, en su momento, el plan de pago a proveedores. Esto ha provocado que hasta el 68% de los 76.700 millones de deuda pública de Cataluña esté en manos del Estado.