Mas también advirtió a Puigdemont de su deriva ilegal y el juez lo deja libre

El magistrado desoyó a la acusación popular del procedimiento, liderada por el partido Vox, que pidió la celebración de una vistilla para pedir medidas restrictivas para Mas. En concreto, la libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros (misma cantidad impuesta el lunes a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira), comparecencias ante el juzgado cada 15 días y la retirada del pasaporte. Una solicitud a la que se adhirieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero que el juez descartó.

Investigado por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, como el resto de los 27 acusados en fase de instrucción, Mas declaró que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) aprobada por el Parlament tuvo un carácter «meramente simbólico» aunque reveló que recomendó a su sucesor Carles Puigdemont que no la dictara y que convocara elecciones anticipadas para salir del entuerto político en el que se había metido.

Una circunstancia que finalmente no ocurrió y que derivó en la querella de la Fiscalía General que originó la apertura de esta causa.

El que fuera delfín de Jordi Pujol y presidente de CDC y luego de PDeCAT abundó al juez que el adelanto electoral hubiera sido bueno para mejorar las mayorías independentistas. Por este motivo, dijo, advirtió de forma expresa a Puigdemont de que si declaraba la DUI la legalidad les pasaría por encima, según señalaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio.

En un sentido parecido, y en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre, Mas declaró ayer que también le recordó al expresidente huido a Bélgica que si no era pactado el Gobierno tendría capacidad para anularlo, además de que su celebración constituiría un delito de desobediencia. Un tipo penal que este economista de 62 años conoce bien, ya que puso fin a su carrera política tras la condena a dos años de inhabilitación por promover la consulta del 9 de noviembre de 2014. Un acto declarado ilegal por el Constitucional y que le ha supuesto, en clave personal, el embargo provisional de sus bienes para hacer frente a la fianza de 5,2 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas por malversar dinero público.

Mas se acogió también al romanticismo del 'procés' al destacar ayer que esta iniciativa había nacido «del sentir del pueblo y de las instituciones» y que no ha existido un comité estratégico creado para delinquir, sino reuniones de «carácter informal» donde se hablaba de política. «Si no hablamos de eso de qué vamos a hablar», le espetó a Llarena. Del mismo modo, mostró su satisfacción de quedar en libertad pero su tristeza por las personas en prisión y las que están fuera del país «a riesgo de entrar en la cárcel».

Para las partes presentes en la sala llamó la atención el relato que Mas hizo de un episodio fechado a principios de 2014, aproximadamente, con el que trató de defender su posición de que el proceso soberanista catalán no puede ser unilateral.

Aseguró que cuando era presidente intentó una salida negociada para evitar el conflicto con el Estado. En concreto, comentó al juez que cuando gobernaba la Generalitat y antes del 9-N de 2014, creó una comisión de tres personas, que no identificó: un representante suyo; otro designado por Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y otro señalado por el presidente Mariano Rajoy para negociar un posible referéndum pactado o desbloquear la situación. Pero cuando comprobó que no había manera de llegar a un acuerdo con el Gobierno y vio que se publicaba en prensa la existencia de la negociación asumió que era inútil intentarlo.