De qué acusan a los 12 del 'procés'

A Junqueras y Forn les imputan la coordinación del 1-O pese al «riesgo» de violencia y a Forcadell, el «soporte legal» El juez Llarena y la Fiscalía han trazado los hechos por los que serán juzgados

MATEO BALÍN

madrid. En ausencia del procesado en rebeldía Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, el principal acusado en el juicio del 'procés' será su vicepresidente Oriol Junqueras. La Fiscalía considera al líder de ERC como «jefe principal» de los hechos que se enjuician en el Tribunal Supremo, tipificados en delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. Junqueras se enfrenta a 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación para empleo o cargo público.

Según el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena, el diputado autonómico en prisión preventiva participó en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre de 2017, previa a la celebración del referéndum ilegal del día 1. En esa cita, Junqueras y el también procesado Joaquim Forn, exconsejero de Interior, fueron advertidos por los Mossos del «grave riesgo» de incidentes. Pero hicieron caso omiso.

Los implicados no valoraron la «gravedad» de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía en Barcelona, donde unas 40.000 personas se concentraron para protestar y obstaculizar los registros de la comisión judicial de la 'operación Anubis' contra los organizadores del 1-O. Una algarada alentada desde las redes sociales por los líderes de las plataformas independentistas ANC y Òmnium, los procesados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Ambos, junto a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, aparecen en el segundo peldaño acusatorio para el Ministerio Fiscal, que les pide 17 años de prisión y 17 de inhabilitación.

Pese a ello, relata el auto de procesamiento, Junqueras, Forn y Puigdemont impulsaron un operativo policial autonómico «comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado». La activación de la sociedad civil partió de los 'Jordis', que reclutaron a cientos de miles de seguidores y promovieron una «masa de fuerza» en favor del 1-O.

En el tercer peldaño acusatorio asoma la figura de Jordi Turull, a quien reclaman 16 años de prisión por presunta rebelión y malversación. El actual diputado en prisión alentó la movilización desde sus funciones de portavoz. La Fiscalía sostendrá ante el tribunal que «gestionó» la inserción publicitaria del referéndum y «coordinó» infraestructuras informáticas y a los miles de voluntarios.

En el caso del diputado preso Raül Romeva, potenció la creación de «estructuras de Estado» y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña). Abordó, además, el proyecto para posibilitar la votación electrónica y asumió la atención a los 14 observadores internacionales (se destinaron 165.000 euros para honorarios y alojamiento, según la Guardia Civil).

Forcadell, papel «medular»

A Forcadell le atribuyen una «participación medular» desde el comienzo del proceso independentista como líder de la ANC. Pero los hechos imputados se concretan en su actividad en la Cámara autonómica y, sobre todo, en la Mesa del Parlament. Según la Fiscalía, sometió a la decisión de los diputados la «legislación de soporte» que sirvió como «coartada legitimadora» del 'procés'. Lo hizo desobedeciendo al Tribunal Constitucional. Y, según las acusaciones, su contribución fue de la mano de la «violencia» manifestada en las últimas fases del proceso.

Forcadell estuvo en la concetración del 20 de septiembre de 2017 y arengó a la movilización ante el Tribunal Superior de Cataluña. Se enfrenta a 17 años de cárcel como «promotora» del delito de rebelión, porque «puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y la proclamación de la república», el 27 de octubre siguiente.

En el caso del exconsejero preso Josep Rull, la Fiscalía defenderá que tuvo un papel clave en las reuniones definitorias de la estrategia independentista. El ejemplo concreto fue su impedimento de que un ferry destinado a acoger a policías nacionales atracase en el Puerto de Palamós (Girona). Por su parte, la exconsejera Dolors Bassa, en prisión preventiva, asumió el control de los locales de su departamento para la consulta y asumió el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas electorales.

En el último escalón acusatorio, con peticiones de 7 años de prisión y 16 de inhabilitación por delitos de malversación y desobediencia, se encuentran los exconsejeros Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, todos en libertad provisional. La Fiscalía tendrá que demostrar en el juicio que desatendieron los requerimientos del Constitucional al aprobar la convocatoria del 1-O, que fomentaron la consulta y que dispusieron de fondos públicos.