La Abogacía sí respalda que Junqueras recoja el acta de europarlamentario

Oriol Junqueras, ayer, durante su turno de última palabra. :: efe/
Oriol Junqueras, ayer, durante su turno de última palabra. :: efe

M. BALÍN / M. SÁIZ-PARDOMADRID.

La Abogacía del Estado se volvió a distanciar ayer del criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el juicio del 'procés' secesionista. El departamento dependiente del Ministerio de Justicia pidió al tribunal que autorice el permiso de salida de Oriol Junqueras el próximo lunes para jurar o prometer su cargo ante la Junta Electoral Central como europarlamentario.

El acceso al acta dotaría al presidente de Esquerra Republicana de una amplia inmunidad que podría afectar al desarrollo de la causa en el Supremo, según advirtió la Fiscalía en su escrito contrario a la autorización. Sin embargo, los servicios jurídicos del Estado consideran que es a la Junta Electoral a la que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español, que puede afectar a los candidatos electos y singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), cuya aplicación supondría la suspensión automática de Junqueras por estar procesado por rebelión y en prisión preventiva.

Esta petición, según señala el escrito firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane, jefa del departamento de Penal, se fundaría en la doctrina expuesta por el propio tribunal hace tan solo unas semanas, cuando se concedió permiso al líder de Esquerra y a otros presos en la misma causa que resultaron electos para salir del centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid.

Se amparó, recordó la abogada, en el «ejercicio de sus derechos de representación política» para tomar posesión de sus escaños en el Congreso y en el Senado. Posteriormente, «todos ellos fueron suspendidos de forma cautelar de sus cargos».

La abogada del Estado llamó la atención sobre dos peculiaridades del régimen jurídico que regula la toma de posesión de los candidatos electos al Parlamento Europeo. La primera de ellas, relató, es que corresponde a la Junta Electoral Central y no a la Cámara de Bruselas la competencia para valorar el cumplimiento de estos requisitos, mientras que posteriormente es el Parlamento Europeo el que debe resolver las posibles controversias.