El hermano de González se reunió con el 'número dos' de Interior al sospechar que estaban siendo investigados

Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se reunió con el 'número dos' del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como 'operación Lezo'.

Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez al frente de la instrucción del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que este viernes acordó la prisión incondicional comunicada para Ignacio González y también para su hermano Pablo, eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros.

"Recientemente en una reunión con sus hermanos", expone el auto, "hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio y en esa reunión hablaron sobre quién ocupaba actualmente el cargo de secretario de Estado de Seguridad". "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio se habría reunido con un secretario de Estado", continúa el juez Velasco.

Preguntado por esta reunión, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que Pablo González solicitó una reunión en la Secretaría de Estado con José Antonio Nieto. Ambos se conocían de la etapa del segundo como alcalde de Córdoba, ya que trató con el hermano de Ignacio González por ser éste directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) y, por tanto, prestar servicios a Mercacordoba.

Pablo González ha sido director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y también representante de esta empresa en Mercacordoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones. El Ayuntamiento de Córdoba es titular, a su vez, del 51% de las acciones restantes.

La reunión, según estas fuentes, se celebró el 8 de marzo y no duró más de 15 minutos. "Fue puramente protocolaria, ya que Pablo González se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento, manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado en todo cuanto se pudiera hacer desde Mercasa y, concretamente, explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa, cuyas medidas de seguridad quería coordinar con los técnicos de la Secretaría de Estado", explican a Europa Press.

Ni una sola mención a Lezo

"No hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación, especialmente de la denominada 'Operación Lezo', de cuya existencia el secretario de Estado de Seguridad no tuvo conocimiento hasta que la investigación judicial dio como resultado las detenciones realizadas", añaden las citadas fuentes del Ministerio del Interior.

El hermano del expresidente madrileño es directivo de Mercasa y uno de los investigados en 'Lezo', según el auto de prisión, por su participación en una red de blanqueo de capitales encabezada por Ignacio González y en la que también participaron otros familiares como su mujer, Laura Clavero (que no está detenida), y el cuñado del expresidente madrileño, José Juan Caballero (en prisión eludible previo pago de 100.000 euros).

Los hechos investigados en la 'operación Lezo' constituyen en principio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.

En otro operativo ordenado en esta ocasión por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió también el miércoles en la sede de Mercasa por irregulares del consorcio en Angola. Diez personas fueron imputadas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Negocios con Zaplana

Por otro lado el auto también desvela detalles como que Ignacio González, su hermano Pablo y su esposa Lourdes Cavero -quien fue consejera en Caja Madrid-, pusieron en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el "dinerillo B" de que disponían y que tenía "origen ilícito. Entre ellos, la constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro Eduardo Zaplana.

La expresión "dinerillo B" procede del contenido de una conversación intervenida el pasado 4 de octubre entre el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en prisión, María Fernanda Richmond, en la que ésta consideraba que el ritmo de vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.

Sobornos en América

Por otro lado, según el auto de Velasco el expresidente de la empresa Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino habría sido "conocedor y partícipe" de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para "manipular" los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

El consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habrían pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp. Una práctica, añade el magistrado, que llevaron a cabo en otros contratos en el país centroamericano.

En República Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por Inassa, "habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales, por valor, por ejemplo, de 440.000 o 393.500 dólares, relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados" por la citada empresa

Según el magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido "oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito" tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

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