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Un agente forestal patrulla, desarmado, los montes de Vizcaya. :: pedro urresti
El Gobierno considera inviable armar a los 6.000 agentes forestales

El Gobierno considera inviable armar a los 6.000 agentes forestales

Dice que al no ser fuerzas de seguridad tendrían que dejar sus pistolas cuando estuvieran fuera de servicio y retirarlas cada día de un lejano armero

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Viernes, 14 de abril 2017, 00:29

madrid. La mañana del pasado 21 de enero un cazador sin licencia, Ismael Rodríguez Clemente, de 28 años, mató a dos agentes forestales Xavier Ribes, de 43 años, y David Iglesias, de 39, en un campo de Aspa, en la comarca del Segrià, en Lérida. El asesino lo tuvo muy fácil. Cuando los dos funcionarios de la Generalitat se acercaron para reclamarle los permisos, Rodríguez les encañonó con su escopeta y les disparó a bocajarro. Luego les remató. Los agentes no pudieron defenderse.

Ribes e Iglesias iban desarmados, como la gran mayoría de los 6.000 agentes forestales o medioambientales que patrullan los montes y campos de toda España. Tras el suceso de Aspa, muchas de las asociaciones y colectivos profesionales de los agentes reclamaron armar a todos los funcionarios desplegados. Sin embargo, el Gobierno lo ve inviable. Y no por una cuestión legal -porque en realidad sí que pueden ir armados durante el servicio- sino por un problema logístico: la falta de armeros en los montes, ya que no pueden portar pistolas, carabinas o escopetas cuando no están en horas de trabajo.

Así lo revela una respuesta parlamentaria del Gobierno fechada el pasado marzo y enviada al diputado socialista José Zaragoza Alonso, quien preguntó al Ejecutivo su opinión sobre el hecho de que «los agentes rurales, que por ley tienen carácter de autoridad y de policía judicial, siga siendo un cuerpo desarmado».

El Ejecutivo, en primer lugar, corrige al diputado, ya que el término «agentes rurales», como los denomina Zaragoza, «en general, incluye muchos tipos de guardería que no tienen carácter de agentes de la autoridad y de policía judicial». Centrada la cuestión sobre los agentes forestales o medioambientales, como los asesinados en Lérida, el Ministerio del Interior ante todo aclara que son «cuerpos autonómicos» y que, por ende, «no se trata de una institución» única de carácter nacional, sino de una serie de cuerpos con diferentes denominaciones, capacidades y normas de regimiento, que desarrollan una labor más o menos extensa de defensa de los montes y del medio ambiente».

Solo «genérico»

Dicho ello, el Gobierno efectivamente explica que los agentes forestales y medioambientales tiene «carácter de policía judicial», pero que la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), del año 1882, les confiere esas funciones «en sentido genérico» como hace a los alcaldes, tenientes de alcalde, «alcaldes de barrio», serenos o «celadores», entre otras viejas figuras.

Y, ahí, explica el Ejecutivo, radica el problema. La Lecrim en «sentido estricto» solo considera «policía judicial» a las fuerzas y cuerpos de seguridad. «Al no pertenecer a las fuerzas de seguridad, los agentes estos agentes solo podrían llevar armas durante el periodo estricto de servicio, debiéndose custodiar el resto del tiempo dichas armas en los centros de trabajo, en armeros cerrados y bajo constante vigilancia policial».

Y eso -entiende Interior- es inviable, al menos por el momento. «Dada la dispersión que, por su propia naturaleza, existe en el despliegue de estos cuerpos, habría que valorar realmente si el tiempo que emplearía cada uno en desplazarse al lugar donde su arma esté custodiada al inicio y al final de su jornada restaría efectividad real a su labor», zanja el Gobierno en su respuesta.

Según los especialistas de Interior consultados, la única forma de que estos funcionarios forestales pudieran llevar sus armas a casa sería convertirlos en miembros de esas fuerzas y cuerpos, para lo que sería necesaria una «profunda reforma legal», nacional y autonómica, al margen de una nueva formación.

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