El castellano no sería idioma oficial en una Cataluña independiente

A pesar de que es la lengua habitual de más de la mitad de los catalanes, el castellano no tendría categoría de idioma oficial en una hipotética Cataluña independiente. Así lo recoge el primer borrador de constitución que un grupo de expertos ha elaborado y al que la presidenta de la Cámara catalana dará el carácter casi de oficial, al recibirlos mañana en audiencia en el Parlamento autonómico.

El boceto de la ley de leyes catalana cuenta con 148 artículos, ha sido redactado por 17 juristas, y es una síntesis de los trabajos llevados a cabos durante un año por tres equipos. El primero estaba liderado por el juez Santiago Vidal, ahora senador de Esquerra; el segundo por el profesor de la Universidad de Arizona, Oriol Vidal; y el tercero por la sectorial de ingenieros de la Asamblea Nacional Catalana, encabezada por Joan Fonollosa. El documento fue elaborado al margen del Parlamento autonómico para evitar que fuera impugnado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El texto se unirá a los trabajos que está realizando la comisión de estudio del proceso constituyente de la Cámara catalana, que elabora informes sobre diferentes constituciones, y que está recurrida ante el Constitucional. Su función no es legislativa porque es una comisión de estudio, y se limita a facilitar material para que en el futuro se pueda elaborar una constitución, que según la hoja de ruta independentista debería ver la luz tras las elecciones constituyentes del segundo semestre de 2017.

Por tanto, de momento lo que hay es una propuesta de carta magna que hace la sociedad civil independentista y la ofrece como opción posible para el futuro. Según un avance del borrador publicado en el Punt-Avui, solo el catalán y el aranés tendrían tratamiento de lenguas «oficiales», mientras que para el castellano se ha optado por la fórmula que reconoce la «protección de los derechos de las personas que son castellanohablantes», que por cierto son la mayoría absoluta de la población catalana.

El texto habla de que en la hipotética república catalana se debería proteger el «plurilingüismo», pero no el «bilingüismo» como hasta la fecha, porque, según argumentan los ponentes, en Cataluña hay «mucha gente que habla muchas lenguas». Según datos de la Generalitat, el 51% de la población tiene el castellano como lengua habitual, frente al 36% que tiene el catalán y al 7% que tiene a ambas. El resto son lenguas extranjeras.

La cuestión lingüística es clave para entender la actual situación política en Cataluña. Cualquier ataque a la lengua catalana es 'casus belli' en Cataluña, de ahí que el único artículo que ha trascendido de la futura constitución es el que hace referencia a los idiomas.

Puigdemont, en contra

El rol del castellano es además motivo de polémica en los últimos tiempos en Cataluña, a raíz de la aparición de un manifiesto llamado Koiné, en el que dos centenares de académicos, escritores y lingüistas se mostraron a favor de la oficialidad única del catalán, cargaron contra el bilingüismo y acusaron al franquismo de usar la ola migratoria de los sesenta y los setenta para «colonizar» a Cataluña con el castellano.

El texto abrió la caja de Pandora y generó una gran polémica. De ahí que sorprenda que el castellano no reciba el rango de cooficial, pues dos de los tres textos que se han empleado para la elaborar el simulacro de constitución otorgaban el mismo estatus a los dos idiomas. Además, tras la polémica desatada por el manifiesto Koiné, tanto el presidente Carles Puigdemont como el vicepresidente Oriol Junqueras defendieron la cooficialidad del castellano en la hipotética república catalana.

Según una encuesta publicada por El Periódico de Catalunya la semana pasada, el 72% de la población considera que si Cataluña fuera independiente, tanto el catalán como el castellano deberían ser lenguas oficiales. Solo el 23% opina que ese rango solo debería ostentarlo el catalán.

Se han impuesto, por tanto, las tesis más radicales que incomodan al independentismo oficial, que teme que el sector castellanohablante que se ha apuntado a sus tesis puedan alejarse si ven amenazada su lengua materna.