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Rafael Catalá conversa con el diputado de CiU Jordi Jané y el diputado popular Agustín Conde.
La oposición acusa al Gobierno de intentar «encubrir» su corrupción

La oposición acusa al Gobierno de intentar «encubrir» su corrupción

El Congreso tramita la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone plazos a la instrucción y cambia la figura del "imputado" por la del "investigado"

Nuria Vega

Jueves, 30 de abril 2015, 02:40

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Las investigaciones de los casos 'Gürtel' y 'Bárcenas' no sólo han llevado a poner en cuestión el funcionamiento y la financiación del PP, sino que los años transcurridos desde el arranque de las instrucciones han constituido uno de los elementos que más ha desgastado a la formación de Mariano Rajoy. Así lo interpretan los populares que lamentan, en público y en privado, el tiempo transcurrido y que la figura del imputado haya dañado la imagen y reputación de miembros del partido a los que, en algunas ocasiones, no se acabó atribuyendo ningún delito. Esta percepción está en la raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que hoy tramita el Congreso de los Diputados. Una modificación destinada, según el ministro de Justicia, a que los "responsables de delitos graves sean juzgados en un tiempo razonable y que el patrimonio defraudado sea recuperado".

Una vez entre en vigor el proyecto de ley, se impondrá, en palabras de Rafael Catalá, una "nueva forma de trabajar donde el plazo cuenta". Esto significa que las instrucciones deberán concluirse en seis meses en las causas sencillas y en 18 en las complejas, prorrogables a 36. "Son tiempos realistas", asegura. También para evitar los macroprocesos "cada delito generará una causa y cada una, una sentencia". Por otro lado, aquellas sin autor conocido quedarán en manos de las Fuerzas de Seguridad y no de los juzgados.

Catalá ha defendido, además, una de las propuestas más polémicas del texto. Aquella por la que el imputado pasará a denominarse primero, "investigado", y después, "encausado" cuando se le "atribuyan indiciariamente hechos delictivos". Una medida "oportunista" y "estética" según fuerzas como el PSOE o IU, que reprochan que el Ejecutivo recurra a "eufemismos" ante la "avalancha de imputaciones". "Como si un truco semántico resolviera la legítima preocupación que tiene la gente sobre la facilidad con la que se nos roba en este país y la dificultad con la que se juzga", ha concluido el representante de Equo, Joan Baldoví.

Los grupos echan en falta un incremento de medios para jueces y fiscales y expresan dudas sobre la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como el Whatsapp, los SMS o el correo electrónico, aunque se haya retirado la posibilidad de que Interior proceda con esta práctica sin autorización judicial previa, como recogía el anteproyecto.

El Gobierno ha enmarcado la reforma, sin embargo, en la lucha contra la corrupción e incide en la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que gestionará los bienes requisados y embargados para convertir el patrimonio del delincuente en una oportunidad económica para la sociedad.

Encubrir

La oposición se ha manifestado contra el planteamiento de Justicia e intuye en los movimientos del Ejecutivo, incluido el debate, aunque no haya propuesta, sobre la posibilidad de multar a los medios de comunicación que se salten el secreto del sumario, una voluntad de "encubrir quizá algunos de los problemas muy graves de corrupción que tiene el PP", según ha aseverado el diputado socialista, Manuel de la Rocha. "Han decidido matar al mensajero para ocultar su derrota en materia ética y no lo van a conseguir, no va a ocurrir que la ciudadanía considere que nada ha ocurrido y perdone", ha advertido desde la Izquierda Plural Gaspar Llamazares en la que probablemente será su última intervención en el hemiciclo.

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