La justicia rechaza la retirada de las urnas al verlo desproporcionado

La Fiscalía abrió ayer diligencias de oficio por el uso de locales públicos para la celebración de la consulta del 9N, pero en sus informes de hoy a los juzgados de guardia el ministerio público se ha pronunciado en contra de la retirada de las urnas y la detención de los organizadores de la votación -como reclama UPyD-, por considerar que serían medidas desproporcionadas. En Barcelona, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, en funciones de guardia, ha admitido a trámite la denuncia presentada hoy por UPyD pero ha desestimado las medidas cautelares que la formación reclamaba, porque a su juicio "no guardan proporcionalidad" ni hay en este momento "razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen su adopción".

Atestado sobre la jornada

El magistrado, no obstante, ha encargado a los Mossos d'Esquadra que elaboren un atestado sobre la jornada de participación de hoy e identifiquen a las personas que sean responsables de la misma. En cualquier caso, el juez recuerda que la denuncia de UPyD se dirige contra personas aforadas, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas; y los consellers de Educación, Irene Rigau; y de Interior, Ramon Espadaler, por lo que correspondía enjuiciarlos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Por su parte, en Tarragona el juez de guardia ha descartado igualmente la retirada de urnas instadas por dos denuncias de particulares, pero ha ordenado a los Mossos identificar los locales públicos donde se celebra el proceso participativo y a las personas que hayan autorizado que la votación se pueda realizar.

En Badalona (Barcelona), el juez de guardia ha rechazado las medidas cautelares para impedir la votación que planteaba un particular y, en su auto, ha recordado que no consta que el Tribunal Constitucional, tras suspender la consulta, haya "producido petición de auxilio" ni indicado quién debe ejecutar su resolución. En Mollet del Vallès (Barcelona), el juez de guardia ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia que la han presentado esta mañana PlataformaxCatalunya y La Falange y, en consecuencia, ha descartado cualquier medida cautelar planteada en la misma, de acuerdo con la Fiscalía.

UPyD había presentado hoy una segunda denuncia en un juzgado de Barcelona contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia y prevaricación al celebrar la consulta pese a su suspensión y había pedido a la Fiscalía que paralice el proceso y detenga a sus autores. En la querella, también contra Irene Rigau, consejera de Educación del Govern, y Ramón Espadaler, responsable de Interior, se acusaba, además, a los tres de la omisión de perseguir delitos "y a todos sus cómplices, cooperadores necesarios, encubridores y coautores".

Se solicitaba también al Ministerio Público que suspenda el proceso participativo, ordene a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al "desalojo y cierre" de los centros de votación habilitados "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia" y detenga a los autores y cooperadores necesarios de esta consulta.

La denuncia ha sido presentada a las nueve de la mañana por el portavoz de UPyD en Cataluña y miembro de la dirección del partido, Ramón de Veciana, en los juzgados de Barcelona justo a la hora en la que habrían los espacios habilitados para llevar a cabo este proceso en Cataluña.

Actuación "cobarde"

Veciana, en declaraciones y tras censurar a Mas por actuar de una manera "cobarde", impropia de un presidente de la Generalitat, ha asegurado también que se trata de una consulta "tolerada" por el Gobierno puesto que no está haciendo "nada" para detenerla. Da la impresión, ha dicho, de que por parte del Ejecutivo hay "interés" en que el proceso se celebre, aunque espera que la Justicia atienda a la querella de UPyD "y más pronto que tarde" se retiren las urnas para que ni siquiera se llegue al recuento de votos.

UPyD recuerda en la querella las dos suspensiones cautelares de la consulta que ordenó el Tribunal Constitucional y que, pese a ello, el presidente de la Generalitat decidió convocar "sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna" una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, denominada eufemísticamente "Procés de participació ciutadana" (proceso de participación ciudadana).