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La juez Mercedes Alaya.
La Fiscalía pide que declare en el caso ERE el exsecretario general de UGT Andalucía

La Fiscalía pide que declare en el caso ERE el exsecretario general de UGT Andalucía

Insta a la juez a investigar una ayuda de 22 millones por las prejubilaciones en Altadis

Cecilia Cuerdo

Viernes, 6 de junio 2014, 11:04

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La Fiscalía Anticorrupción reclamó hoy a la juez que instruye el caso de los ERE que incorpore a la causa nuevas diligencias referidas a la concesión irregular de una ayuda pública de 22 millones de euros a la empresa Altadis y que aparece puesta bajo sospecha en los últimos informes policiales y de la Intervención general remitidos a Mercedes Alaya. El ministerio público pide que declare el exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y varios excargos de la Junta al entender que la empresa recibió realmente una ayuda discrecional encubierta bajo la forma de una regulación de plantilla.

En su escrito, enviado hoy mismo a la juez Alaya, Anticorrupción vuelve a dejar patente su voluntad de separar la causa en función de las distintas ayudas, y reclama además a la juez que para evitar dilaciones innecesarias y avanzar en la instrucción, vaya imputando ya a todas las personas señaladas en los últimos informes incorporados a la causa. También reclama medidas cautelares de naturaleza real que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos, y que a fin de llevar a buen puerto el final de la instrucción se refuerce del juzgado al ser consciente el ministerio público de los limitados recursos humanos y materiales con que cuenta Alaya y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza.

Referente a las nuevas imputaciones, los fiscales resaltan que en el informe pericial de la Intervención del Estado concluye que la ayuda a la tabaquera Altadis concedida en 2005 aunque materializada años más tarde-- pudo constituir una subvención directa a la empresa y no a los trabajadores, ya que la Junta habría asumido obligaciones propias de la empresa durante la regulación de plantilla. La ayuda, prosiguen los fiscales, se habría entregado total y absolutamente al margen de cualquier procedimiento establecido, por lo que podría ser nula de pleno derecho.

En este sentido, pide a la juez que tome declaración a varios responsables de la entidad en esa época, así como a varios cargos públicos, entre ellos los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. Llamativo resulta además la petición de comparecencia del exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, dimitido el pasado noviembre a raíz del escándalo de las facturas falsas y otras irregularidades contables en la central.

Entienden los fiscales que Fernández, en esos años al frente de una de las secciones sindicales, y otros responsables sindicales tanto de UGT como de CC.OO son responsables civiles subsidiarios al haber mediado en el expediente. Así, pide que se tome declaración también a Blanca Uruñuela Aguado, de UGT, y Antonio Perianes Pedrero y Francisco Figueroa Alcarazo de CC.OO.

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