Dimite un concejal de Santiago imputado en la 'Operación Pokemon'

El concejal de Deportes de Santiago, Adrián Varela, ha dimitido después del juicio celebrado contra siete compañeros suyos en el gobierno local, acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras haber autorizado en una junta abonar con fondos públicos su defensa en la 'Operación Pokemon'.

La decisión se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en esta causa, que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo, se costease con cargo a las arcas municipales.

No obstante, sus siete compañeros se sentaron en el banquillo el pasado día 19 de este mes y Adrián Varela ha anunciado este lunes, mediante un comunicado remitido a los medios, que se va "en solidaridad" con estos concejales, "expuestos a una situación judicial muy difícil" y para los que el fiscal pide nueve años de inhabilitación para cargo público. Son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya. Éste último ha dicho que se enteró de la decisión de Varela por la prensa.

Coste político

La marcha de Adrián Varela, que transmitió al alcalde que se trata de una decisión personal, ha cogido por sorpresa a quienes han estado este tiempo trabajando con él, y entre sus motivos, tal y como especifica la nota, se encuentra la necesidad de asumir "en primera persona el coste político" que su petición ha generado. Sin embargo, se reafirma en "la legalidad" de lo autorizado en la junta de gobierno de mayo de 2013: "Mantengo la legalidad de la decisión adoptada por el gobierno local a petición mía y que tuvo el aval de los técnicos competentes, pero -expone- asumo en primera persona el coste político de la misma".

Varela, nacido en 1984 y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, indica, como segunda causa de su postura, la "presión" a la que ha estado sometida su familia en los últimos meses, y que hace que "ni siquiera mi férrea vocación de servicio público pueda más que la tranquilidad de mis seres queridos". Por último, señala que no quiere dañar la imagen de la ciudad "a la que serví con toda mi lealtad y esfuerzo durante este tiempo" y agradece a los ciudadanos "que depositaron en mí el honor de representarlos en los últimos tres años", un tiempo en el cual, afirma, "no atendí otros intereses" que no fuesen los de los vecinos.

A este joven se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, todo ello en el marco de la 'Operación Pokemon', que busca desmontar una supuesta trama corrupta de adjudicaciones de contratos que se habría gestado entre algunas administraciones locales y empresas, principalmente el Grupo Vendex.

Adrián Varela llegó a contar a la instructora de la Pokemon que el alcalde, Ángel Currás (PP), también imputado en esta operación, tuvo con la edil de Educación, Rebeca Domínguez, y con él un trato vejatorio.

El 17 de junio de 2013, ante la jueza Pilar de Lara, este joven dijo, en una declaración que superó las cuatro horas, que cuando le llegó la cédula de citación llamó al alcalde antes de avisar a sus propios padres para contárselo, y la contestación que recibió fue un "vale, vale". "Lo único que pido -proseguía- es un mínimo de humanidad" en un regidor "que pasa de nosotros" puesto que desde que se hizo con el bastón de mando, en abril de 2012 tras la dimisión de Gerardo Conde Roa, condenado por delito fiscal, "se nos ha hecho el vacío a varios concejales".