Cerca del 25% de la escasa red de recarga pública en España está fuera de servicio

Y es que para impulsar la electrificación «el desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial», puntualiza José López-Tafall, director general de Anfac. Así, España debería tener instalados 300.000 puntos de recarga de acceso público para 2030, sobre todo para alcanzar los objetivos establecidos por el «Fit for 55», normativa de la Unión Europea que fija una reducción de emisiones de CO2 del 55% y 50% para 2030, en turismos y comerciales ligeros, respectivamente.

Por lo ranto, según estimaciones de Anfac, el objetivo de parque de turismos y furgonetas electrificadas será de 4,3 millones de unidades para 2030 y de 9,8 millones para 2035, con un 60% y 100% de cuota de mercado electrificado. De esta manera sería necesaria una red mínima de puntos de recarga de acceso público de aproximadamente 91.000 puntos de recarga para 2025; 300.000 en 2030 y 610.000 en 2035.

Pero tan importante es la cantidad como la calidad. Por ejemplo, durante el primer trimestre de este 2023, fueron 2.115 los nuevos puntos instalados sumando el total de 20.243 puntos de recarga en toda España mencionados. Sin embargo, 1.537 de estos nuevos puntos son de potencia de hasta 22 kW o inferior, lo que indica que el 73% del crecimiento de nuevos puntos se produce en un rango de potencia baja, siendo solo el 21% restante con potencia superior a 22 kW y, en concreto, el 2% de al menos 150 kW. En este sentido, según Anfac, es importante acelerar no solo los puntos de recarga, sino impulsar una infraestructura de recarga de suficiente calidad con potencias superiores a 150k W que sea capaz de abastecer y facilitar el despliegue de vehículo electrificado. Actualmente, solo 801 puntos de recarga de acceso público corresponden a potencias de 150 kW o superior.

Cabe destacar, asimismo, que del total de puntos de recarga de acceso público de alta potencia (≥ 250 kW) existente, aproximadamente el 85% responde a proyectos de fabricantes de automóviles. Las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos son una de las barreras más importantes en la actualidad. El despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia, que permite recargas similares a la experiencia de repostaje de un vehículo de combustión interna, «es esencial para el desarrollo del vehículo eléctrico y absolutamente prioritaria para la movilidad eléctrica con vehículos pesados para el transporte de mercancías y personas», resalta López-Tafall. Las dificultades administrativas referenciadas anteriormente se ven reflejadas en los 6.475 puntos que se encuentran fuera de servicio, debido a que no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica o por encontrarse en mal estado o averiados.

Por lo tanto, desde la Asociación se advierte de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia por ser fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia por carretera, permitiendo tiempos de carga de entre 15 y 27 minutos.

En este sentido, según el Mapa de Infraestructura de recarga de acceso público publicado, actualmente existen 698 puntos de recarga de acceso público de alta potencia, pero se precisa en 2023 del funcionamiento de 3.513 si se quiere lograr la meta anual que establece el «Fit for 55».

«Los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores un compromiso del Gobierno y de las Administraciones para poder llevar a cabo la transformación de la movilidad, y en paralelo, mantener el peso de empleo e industria que la automoción supone», explica López-Tafall. «La industria de la automoción está liderando la descarbonización y ya está poniendo en el mercado una amplia oferta de vehículos electrificados. Sin embargo, nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura de esas ambiciones», añade.

El desarrollo de una red de infraestructura de recarga de acceso público con suficiente capilaridad y calidad es también esencial para la progresiva descarbonización del transporte pesado de mercancías y pasajeros. Según la propuesta de reducción de emisiones de CO2 para los vehículos pesados de la Comisión Europea, actualmente en discusión, los vehículos pesados deberán alcanzar una reducción de emisiones del 45% para 2030, del 65% para 2035 y del 90% para 2040. Asimismo, los autobuses urbanos deberán alcanzar el 100% en 2030.

En línea con esto, desde Anfac, al igual que con la red de recarga total para España, ha incluido en su metodología, la consideración de las necesidades que este tipo de vehículos requieren, muy altas potencias, que comienzan desde el umbral de los 150 kW y llegan a los 1.200 kW, así como la necesidad de garantizar una capilaridad mínima a lo largo del territorio nacional. La metodología, alineada plenamente, con el AFIR, da como resultado para 2023, una red mínima de 436 puntos de recarga de acceso público, en 2025 de 872, en 2030 de 1.512 y en 2035 de 1.614 puntos de recarga con potencias distribuidas entre 350 kW, 800 kW y 1.200 kW.

«Potenciar una red de recarga con suficiente potencia y capilaridad para abastecer las necesidades de los vehículos pesados y de transporte por carretera es un eje fundamental para progresar en la descarbonización y alcanzar los exigidos objetivos de reducción de emisiones. Garantizar los espacios para que estos vehículos carguen también es un aspecto clave, y un país como España, en la esquina de Europa, debería priorizar este aspecto», concluye el director general de Anfac.

«No podemos olvidar que incentivar el mercado de electrificados es de igual de necesario para que la red de recarga pública avance», seañala López-Tafall. Para ello, Anfac ahonda en la necesidad de una plataforma pública de información que ofrezca información en tiempo real de los puntos de recarga disponibles y en funcionamiento. Sobre todo cuando, de los 20.243 postes operativos, hay 6.475 que no están en funcionamiento.

También se debe mejorar la concesión de las ayudas del Plan Moves III y Mitma Moves, con ayudas directas en el momento de la compra y no tributables y la simplificación de los trámites administrativos para la puesta en marcha de puntos de recarga.