La «España vaciada» sólo cuenta con el 15% de los cargadores, a la cola de Europa

Las provincias de Madrid y Barcelona, cuyos territorios suponen el 3% del territorio nacional, albergan actualmente el 28% de todos los cargadores desplegados. La mitad del territorio español -la llamada «España vaciada»- sólo cuenta con el 15% de los cargadores, según el estudio elaborado por Transport & Environment España.

El estudio afirma que si bien el despliegue de puntos de recarga en las grandes ciudades está siendo correcto, se necesitan objetivos provinciales para el desarrollo de la infraestructura de recarga para que España construya una red suficiente en consonancia con el número de vehículos eléctricos matriculados en cada una de las provincias.

Según T&E y ECODES, el Gobierno debe seguir el ejemplo, entre otros, de Alemania o Países Bajos y elaborar un plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga con una ruta bien definida hasta el año 2030.

A estos datos se pueden sumar los faciltiados por la Asociación de Fabricantes Anfac. Según los resultados obtenidos en el tercer trimestre del Barómetro de la Electromovilidad para 2023 confirman la lentitud de España en el desarrollo de la electromovilidad con respecto al resto de países europeos.

En España hay 25.180 puntos de recarga de acceso público instalados, a los que hay que añadir 8.869 puntos más que no están prestando servicio. Según este Barómetro constata que España se está quedando atrás en materia de electromovilidad, ya que para conseguir potenciarla y avanzar en la descarbonización del parque móvil es necesario acelerar más que los países que nos superan. Es destacable el caso de Portugal, que crece 2 puntos en el último trimestre hasta los 25,8 puntos, acercándose rápidamente a la media europea gracias a las medidas en materia de incentivos fiscales y el impulso centralizado a la infraestructura. Países como Alemania o Países Bajos crecen notablemente superando los valores medios europeos. Por el contrario, Italia, Hungría y República Checa se estancan con crecimientos que no superan el medio punto en ningún caso.

De acuerdo con la legislación de la UE, en 2027 España deberá duplicar el número de estaciones públicas de recarga y en 2030 tendrá que contar con una cantidad de cargadores aproximadamente 10 veces superior a la actual, según el informe. T&E afirma que se trata de un objetivo ambicioso, pero que la multiplicación por 10 del número de cargadores desde 2020 demuestra que es factible.

Según Óscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas en T&E «España es diferente del resto de países europeos, por su topografía y su densidad de población y como tal necesita soluciones propias. Es necesario un plan que se ajuste a la realidad española. Disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y en especial en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos».

El estudio de T&E señala además la necesidad de tener en cuenta factores tales como los territorios de alta afluencia turística y segundas residencias, en donde la cantidad de vehículos se multiplica durante algunos meses. Todo ello sin olvidar el tipo de vivienda predominante en cada zona, dado que el acceso a la recarga doméstica variará según si se trata de chalets individuales o de bloques de viviendas con o sin plaza de garaje, o si el aparcamiento es en propiedad o en alquiler, lo que directamente repercutirá en la demanda de recarga pública.

Cristian Quilez, responsable de transporte y movilidad de ECODES concluye que «dejar el despliegue plenamente en manos del mercado libre con las mismas reglas de hoy en día, supone que la inmensa mayoría de los puntos de recarga se instalarán únicamente en lugares donde puedan generar un beneficio económico desde el primer momento. El Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, a través de la colaboración con el ecosistema económico y social, deben garantizar la cohesión social y vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura a través de un mallado similar al de los surtidores actuales para vehículos de combustión fósil».

Según T&E y ECODES, el Gobierno debe seguir el ejemplo, entre otros, de Alemania o Países Bajos y elaborar un plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga con una ruta bien definida hasta el año 2030.