Unidas con Podemos apuesta por recuperar «la función social» de la vivienda en Marbella

Unidas con Podemos, la confluencia de izquierda conformada por Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde de Marbella y San Pedro mantuvo ayer un encuentro programático en torno a la vivienda como protagonista, donde se analizó la situación actual en Marbella y en la que se debatieron algunas de las diferentes propuestas que la coalición tiene para reforzar su «función social». En concreto, el número dos de la coalición, Abraham Massri, de Podemos, señaló «el autoexilio impuesto a los vecinos y vecinas de Marbella, que se ven obligados a dejar la ciudad ante los altos precios tanto de los alquileres como de compra».

«Marbella lidera la subida de los precios de la vivienda en España y ante este algoritmo de alta demanda más escasez de oferta no queda otro recurso que la intervención», explicó. «El ayuntamiento tiene recursos, herramientas y competencias para impulsar la vivienda pública y los alquileres a precios asequibles», abundó Massri.

Por su parte, la candidata a la alcaldía de Unidas con Podemos, Victoria Morales, explicó que «los poderes públicos, entre ellos los ayuntamientos y sus competencia, deben garantizar el derecho a una vivienda accesible para que cumpla su función social» y que se «han de poner todas las herramientas disponibles del consistorio al servicio de ese fin y blindar las viviendas públicas», ha añadido.

En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida en el municipio aseguró que «desde Unidas con Podemos apostamos por soluciones realistas a corto, medio y largo plazo que pasan primero por alejar toda sombra de especulación urbanística sobre la gestión municipal. Tenemos un gobierno municipal que no ha sido capaz de desarrollar en 14 años un plan municipal de vivienda que pudiera ir paliando estas situaciones», ha denunciado.

En la reunión de ayer, la abogada y miembro de Izquierda Unida Federal, Amanda Meyer, describió la situación en al que se encuentra la vivienda «sometida a una tensión entre las políticas de garantía de derechos y las políticas de intereses particulares con la vivienda como bien de mercado». Meyer recordó, además, que «el derecho a la vivienda es un derecho que soporta a otros derechos, es una bien de primera necesidad y como tal, los poderes públicos tienen que garantizar que sea accesible, tal y como incluye el artículo 47 de la Constitución», y apuntó algunas medidas que se pueden llevar a cabo desde los ayuntamientos como la regeneración de vivienda antigua y abandonada, la intervención y regulación de las viviendas turísticas o la creación de una oficina de atención al inquilino, entre otras propuestas.

Según los datos aportados por la coalición, en Marbella hay registradas 5.983 viviendas turísticas que suman un total de 34.956 plazas y suponen un 7% de las viviendas totales. Este dato «contrasta con los 80 establecimientos hoteleros de los que dispone la ciudad y que ofrecen cerca de 16.000 plazas, por lo que las viviendas turísticas suponen ya más del doble de las plazas turísticas que ofrecen los establecimientos hoteleros. A esto hay que sumarle las que no se encuentran registradas y operan de forma ilegal», afirman. El precio de venta en Marbella es de 4.100 euros el metro cuadrado, por tanto, una vivienda de 80 metros cuadrados supondría unos 328.000 euros. El precio del alquiler se sitúa en 15,1 euros el metro cuadrado, de modo que una vivienda de 80 metros cuadrados supone una renta de 1.200 euros al mes.

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