Marbella completa la recuperación de la zona de Puerto Rico tras años de compras y litigios

Con la operación el Ayuntamiento pone fin a años de adquisiciones y litigios en los tribunales y posee ya los 390.000 metros cuadrados que suman las partes alta (340.000) y baja (50.000) de Puerto Rico. El plan del Ayuntamiento es convertir la zona baja en un gran parque periurbano, lo que no significa que tenga por qué ejecutarse un macroproyecto, advierten fuentes municipales.

La anterior operación que había realizado el Consistorio en la zona fue en noviembre de 2021 con la compra del 50% de la finca que no era de titularidad municipal en Puerto Rico Alto, unos terrenos por los que llegó a estar imputado el exalcalde Jesús Gil. El Consistorio, antes del desembarco de Gil acordó con las familias Martínez Higuero y Arias Salgado, propietarias de una finca catalogada como indivisa, el canje de la finca por unos terrenos urbanizables en la zona de Nagüeles con el fin de hacer un parque municipal. Todo acabó en agosto de 1994 con la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de una operación urbanística por el se revocaba el acuerdo de la anterior Corporación y se validaba otro que recogía la permuta de dos terrenos urbanizables en La Pepina que sumaban 20 hectáreas y una edificabilidad neta de 6.200 metros cuadrados.

Ese convenio urbanístico fue firmado por el propio Jesús Gil y le valió su imputación tras la querella criminal presentada por la familia Martínez Higuero por un delito de estafa. El caso, en el que llegó a declarar Juan Antonio Roca, entre otros, fue sobreseído en 2004 después de que el exalcalde falleciera en mayo de 2004.

El motivo es que, de forma paralela a la tramitación del convenio, el Ayuntamiento firmó otro acuerdo con la familia Arias Salgado. Los terrenos reservados a los Martínez Higuero no correspondían a los que habían adquirido, y los Arias Salgado vendieron con celeridad la parcela a una empresa de José María González de Caldas, el empresario taurino y expresidente del Sevilla FC amigo de Gil. Los tribunales acabaron dando la razón a la familia, reconociéndoles el 50% de la propiedad de la finca, que fue la que adquirió el Ayuntamiento a finales de 2021 después de que la familia reclamara judicialmente la expropiación de los terrenos.