La Junta licitará el proyecto hotelero de la Residencia de Tiempo Libre de Marbella a mitad de julio

Así, la Junta de Andalucía mantendrá la propiedad del inmueble, inaugurado en 1962, e ingresará un canon anual de cuatro millones de euros una vez se adjudique la explotación de la parcela, de forma que la idea es transformar la antigua colonia de vacaciones para trabajadores en un complejo hotelero, lo que podría ser compatible con otros usos (por ejemplo, comerciales). Asimismo, la Dirección General de Patrimonio exigirá una inversión mínima de 50 millones de euros en 15 años a la empresa que se haga con el derecho de explotación de los terrenos.

Al mismo tiempo, avanzará la tramitación del convenio de colaboración patrimonial firmado en febrero entre la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, que facilitará «el cambio urbanístico que permitirá revitalizar y poner en uso y valor» la antigua residencia como complejo hotelero, pasando la calificación urbanística de sistema general de equipamiento a equipamiento hotelero. El estudio de ordenación promovido por la Junta se encuentra ahora en tramitación por parte del Consistorio, por lo que la puesta en marcha del procedimiento de concurrencia por parte de la Administración autonómica persigue agilizar la adjudicación de la parcela, dado que los técnicos estiman que entre ese paso y el inicio de la explotación podrían pasar tres años por los trabajos para adecentar el conjunto.

La Junta impondrá diversas obligaciones al usuario, entre ellas cláusulas antiespeculación y que cualquier actuación respete la inscripción del complejo vacacional en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía. Su incumplimiento extinguirá el contrato.

La Residencia de Tiempo Libre de Marbella ocupa 197.502 metros cuadrados, con una superficie de parcela construida de 23.395. El techo total será de 54.935 metros cuadrados, lo que supone un incremento de 30.000, que sólo afecta a las zonas que no están protegidas, según explicó el pasado viernes la Junta en rueda de prensa, para añadir que se quedan en un coeficiente del 0,27% frente al 2,21 permitido por el planeamiento municipal.

No se podrá construir en el frente litoral, aunque sí se permite llegar a tres alturas en la zona edificable más cercana a la A-7, y se habilitará un camino para que el ciudadano pueda dirigirse hacia la playa. La Junta reconoce que numerosas empresas se han interesado en la explotación y abre la mano a compatibilizar el uso hotelero con otros, sin precisar cuáles, aunque sí señala que la apertura del recinto en 2024 habría costado más de medio millón de euros y sólo continuaban activos 87 de los 247 bungalós.

Arquitectos y organizaciones sindicales y sociales marbellíes se han opuesto frontalmente a la intención de la Junta y del Ayuntamiento y el pasado sábado un centenar de personas se manifestó para tratar de impedirlo.