Carlos Fernández deberá pagar a Marbella 550.000 euros por el 'caso Saqueo II'
El Ayuntamiento utilizará «todos los recursos a su alcance» para recuperar el dinero esquilmado a las arcas municipales
Carlos Fernández Gámez, el que fuera concejal de Deportes del gobierno del GIL, deberá pagar al Ayuntamiento de Marbella una cantidad cercana a los 550. ... 000 euros por el 'caso Saqueo II', de acuerdo con el pacto de conformidad alcanzado el pasado miércoles con la Fiscalía en la causa seguida en la Audiencia Nacional. Ese importe es la suma de la responsabilidad civil establecida en el acuerdo con el fiscal y, por tanto, en la sentencia, que asciende a 258.678,31 euros, y del interés legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y responde a los cálculos efectuados por el Consistorio.
El gobierno municipal ya tiene claro cuáles son los próximos pasos que dará para poder percibir la cantidad establecida en la condena, que al haberse alcanzado por conformidad tiene carácter firme desde la celebración del juicio oral este pasado miércoles. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece un plazo voluntario de ejecución de 20 días desde la firmeza de la sentencia, y si Carlos Fernández no lo cumple el Consistorio irá 'con todo' a intentar percibir la indemnización por esquilmar las arcas municipales.
Si el exedil no paga en el periodo voluntario de 20 días, el Ayuntamiento pedirá la ejecutoria de la sentencia y utilizará todos los medios para recuperar el dinero saqueado
«Una vez que se notifique la sentencia y se cumpla el plazo voluntario, en el caso de no haberse producido el pago, el Ayuntamiento iniciará la ejecutoria, con el mismo empeño que se viene trabajando desde hace años para recuperar todo el dinero saqueado a las arcas municipales», aseguran a SUR fuentes del gobierno municipal.
La administración local de Marbella utilizará «todos los recursos a su alcance» y colaborará con la Agencia Tributaria, «si fuera necesario», para la investigación patrimonial y averiguación de bienes del que fuera edil de Deportes. El Ayuntamiento incluso se muestra dispuesto al «nombramiento de una entidad especializada que tan buenos resultados ha venido dando» en los procedimientos del Tribunal de Cuentas, y que han servido para recuperar desde 2024 un total de 15 millones de euros.
Hechos probados
La sentencia del caso 'Saqueo II' data de octubre de 2013, pero Fernández no pudo ser condenado entonces al haberse fugado en 2026 tras el inicio de la segunda fase de la 'Operación Malaya'. El fallo de 2013 de la Audiencia Nacional —en el que fueron condenados, entre otros, el exalcalde Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico Juan Antonio Roca a seis años de prisión (aunque el Supremo rebajó a tres la pena para este último)— establece como hechos probados que Fernández percibió tres pagos del Ayuntamiento por «servicios inexistentes».
La sentencia de 2013 declaró como hechos probados que Fernández recibió entre 1995 y 1997 un pago en metálico y dos cheques por un valor conjunto de más de 20 millones de pesetas
El primero, de 1.650.000 pesetas de la época (9.916,70 euros), fue abonado en metálico en febrero de 1995 para supuestos gastos de escuelas deportivas, mientras que los otros dos fueron percibidos mediante cheques entre abril y junio de 1997, uno de 5 millones de pesetas (30.050,61 euros) y el último por valor de 13.377.000 pesetas (80.397,39 euros) en concepto de subvención a la Unión Deportiva San Pedro. En total, la sentencia estableció como probado un «daño a las arcas» municipales de 20.627.000 pesetas (123.970,77 euros) por los pagos percibidos por el exedil.
Carlos Fernández también fue gerente de la sociedad municipal Actividades Deportivas SL entre el 10 de enero de 1996 y el 18 de marzo de 1998. Nada más llegar, concretamente desde febrero de 1996, la entidad empezó a acumular una deuda con la Seguridad Social, primero tanto por la cuota patronal como la obrera de los trabajadores, y desde junio de 1997 únicamente por la primera. En total la deuda de la entidad con la Seguridad Social alcanzó los 81.482.030 pesetas (489.716,86 euros), según establece la sentencia de 2013. Entre enero de 1996 y abril de 2001 la empresa tuvo un número de empleados que osciló entre dos y 103.
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