Luz verde para licitar por diez años y 46 millones el servicio de transporte público en Marbella

Entre las mejoras que recogerá la licitación destaca la inversión en la propia modernización de los autobuses, con la inclusión de tecnologías como el GPS. De cuerdo al informe de contratación que obra en el expediente, el coste del servicio ascenderá a 4,6 millones de euros al año, o lo que es lo mismo 46 millones a lo largo de los 10 años de vigencia del contrato, por lo que se hace necesaria la autorización del pleno de la Corporación para que el número de ejercicios a los que pueda imputarse el gasto previsto exceda de las cuatro anualidades que establece la Ley de Haciendas Locales en el sentido permitido por la Ley de Contratos del Sector Público, como paso previo a la aprobación del pliego que debe ser licitado.

El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, reconoció que la flota está envejecida y el servicio no tiene el nivel necesario para una ciudad como Marbella. Por ello, defendió durante la sesión extraordinaria celebrada ayer la necesidad de mejorar el servicio que se da a los ciudadanos, pero recurriendo a una contratación externa ante la «carencia de medios» para prestar el servicio directamente desde el Ayuntamiento. El edil apuntó que la municipalización del transporte urbano precisaría de una inversión inicial mínima de 20 millones de euros, por lo que la contratación externa, a través de una concesión, es, según defendió, «la fórmula más rápida» para mejorar el servicio.

La portavoz de CSSP, Victoria Mendiola, no quedó satisfecha con el argumento del portavoz municipal y puso de relieve el «extraordinario» funcionamiento del transporte urbano mediante empresas municipales en otras ciudades como Madrid. «Hoy están ustedes renunciando a que Marbella tenga un transporte de futuro, ni lo han intentado, han sido cobardes para ello. Vuelven a condenar a los ciudadanos a 10 años más de un modelo fracasado, porque será Portillo con las mismas líneas y paradas. En definitiva, el mismo servicio con autobuses nuevos pero que nos costarán 47 millones de euros», puntualizó la concejala de Costa del Sol Sí Puede, quien se preguntó en base a qué criterios se ha establecido el referido coste.

«Los ciudadanos de Marbella no pueden estar esperando un autobús digno mientras nosotros nos dedicamos aquí a debatir si es mejor la empresa pública o la privada», rebatió el portavoz municipal, quien subrayó que todos los datos referidos al servicio, incluido el presupuesto anual calculado, se contiene en el pliego de condiciones que están elaborando funcionarios de la Corporación.

Romero, que ostenta asimismo la responsabilidad del área de Transportes, señaló que durante la última legislatura del PP, en 2015, se redactó bajo el asesoramiento de la Cátedra de Gestión del Transporte de la Universidad de Málaga (UMA) un pliego de condiciones para la posterior licitación del servicio que quedó pendiente con la llegada del nuevo equipo de gobierno. El edil aseguró que durante los dos años y medio de gobierno del tripartito, siendo edil de Transportes, Miguel Díaz (IU), «no se avanzó» en este asunto, por lo que ahora no sólo ha sido necesario adaptar el pliego a la nueva legislación, «elaborándose un estudio económico de viabilidad financiera de mucha complejidad», sino que, además, se ha tenido que realizar un nuevo pliego de prescripciones técnicas por parte de los funcionarios para adaptar las mejoras tecnológicas que se han producido en los últimos años, tanto en lo que respecta a las herramientas de gestión y atención al usuario como en lo que afecta a las nuevas motorizaciones de los vehículos. «Se trata de un trabajo sumamente complejo que está muy próximo a culminar y que podrá ser licitado en no mucho tiempo», aseguró el responsable.

El concejal y portavoz de IU, Miguel Díaz, exigió, por su parte, la realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible como condición previa a la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte urbano. Según la coalición de izquierdas, el documento debe guiar las transformaciones necesarias en el tráfico del municipio de forma que se dé preferencia al transporte público sobre el vehículo particular.

El edil reivindicó asimismo el trabajo realizado desde el departamento de Movilidad cuando IU ostentó responsabilidad de gobierno para lograr un transporte urbano adecuado para Marbella, «tras descartar, primero, la gestión directa del servicio por la situación que nos encontramos y la legislación encorsetada del PP a nivel del Gobierno de España que invita a que todo se privatice». Así, recordó que durante su etapa se hizo el anuncio de la licitación del servicio en el Boletín de la Unión Europea, donde tiene que constar durante un año, «paso fundamental –dijo– sin el que este acuerdo no sería posible hoy».

El concejal subrayó que con la moción de censura al tripartito se truncó la licitación de un estudio de la demanda del servicio que se estaba realizando en esos momentos y que desde Izquierda Unida se entiende fundamental para «afinar» mucho más el futuro pliego que salga a concurso, por lo que reclamó acceso al documento para que su grupo pueda realizar aportaciones al mismo.

En un clima cordial, con los niveles de tensión en mínimos tras el último pleno de julio –cuando la oposición en pleno abandonó la sesión para manifestar su rechazo a tenor del asunto de las lindes con Benahavís–, el portavoz del equipo de gobierno se comprometió a facilitar el expediente a los grupos una vez se concluya el pliego de condiciones.

La bancada socialista no intervino ni en este ni en ningún otro punto del orden del día. El silencio del grupo tan sólo fue roto al inicio de la sesión por el portavoz municipal del PSOE, Manuel García, para dejar patente el desacuerdo del partido con la convocatoria de un pleno extraordinario, a su juicio, con la única intención por parte de la alcaldesa de que no se discutan propuestas de los grupos de la oposición y de soslayar el turno de ruegos y preguntas al equipo de gobierno con el que finalizan los plenos ordinarios. La regidora contestó para que también constase en acta que durante los últimos años, gobernando el PSOE, no hubo ningún pleno ordinario en agosto, y que en 2015 se realizaron varios plenos extraordinarios avisando a la oposición el mismo día de la celebración.