De símbolo de la corrupción urbanística a sede judicial

H. BARBOTTA MARBELLA.

El edificio que albergará la futura sede de la Administración de justicia en Marbella fue durante años, paradójicamente, un emblema de la ilegalidad urbanística ligada a la construcción. Con 15.000 metros construidos sobre una superficie de 3.000 metros cuadrados, se levantó en 2003 sobre suelo destinado a parques y jardines en el planeamiento urbanístico vigente en la época.

Lo hizo la empresa Explotaciones Turísticas Estrella del Sur, propiedad del promotor granadino condenado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas, quien pretendía darle utilidad como hotel de cuatro estrellas. Con apenas un permiso para un proyecto básico concedido por el entonces alcalde Julián Muñoz, la obra fue paralizada por los tribunales después de que la Dirección General de Carreteras la denunciara porque invadía servidumbre de la autovía.

El PGOU de 2010 no preveía la legalización del inmueble, ya que el documento el suelo afectado seguía siendo considerado parques y jardines, por lo que se especuló con su posible derribo, posibilidad a la que el Ayuntamiento de Marbella se opuso.

Las investigaciones patrimoniales realizadas en el marco de la 'operación Malaya' permitieron saber que la propiedad pertenecía en realidad a Juan Antonio Roca, por lo que el edificio, incautado durante esa operación, fue entregado al Ayuntamiento como parte de pago de la indemnización fijada en favor de la ciudad por el 'caso Saqueo 2'.

Ahora el Ayuntamiento deberá aprobar distintas modificaciones urbanísticas que permitan primero dar la licencia de obras para su rehabilitación y posteriormente habilitarlo como equipamiento público.

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