La sentencia del 'caso Hidalgo' se queda en condenas mínimas

Policías en la puerta del despacho, en abril de 2007/Josele-Lanza
Policías en la puerta del despacho, en abril de 2007 / Josele-Lanza

El tribunal aplica el atenuante de dilaciones indebidas, al haberse prolongado el proceso casi 12 años

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

En la primavera de 2007, una Marbella que apenas se había sobrepuesto al impacto del 'caso Malaya' y cuyo ayuntamiento estaba aún gobernado por una gestora se vio sorprendida por otro macroproceso judicial. En la mañana del 17 de abril, efectivos policiales se presentaron en el despacho de abogados de Rafael Cruz-Conde, uno de los letrados más prestigiosos de la ciudad, para realizar un registro. Al cabo del día, la operación se saldó con 19 detenidos, entre ellos tres notarios y cuatro abogados, y la sensación de que se estaba ante una red de blanqueo de grandes proporciones. Al frente de la instrucción estaba un joven juez, Francisco Urquía, que años después sería apartado de la carrera judicial al ser condenado por aceptar dinero de Juan Antonio Roca.

Entre los detenidos estaba el abogado Cruz-Conde, que fue enviado a prisión y de donde salió enfermo. Fallecería en 2012, mucho antes de que el caso llegara a juicio.

La instrucción se hizo eterna, y no fue hasta el verano de 2013 cuando la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral. El Ministerio Público consideró que la investigación realizada había puesto de manifiesto la existencia de clientes que se habían servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el despacho de Cruz-Conde para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos. Según el fiscal, desde el despacho se proporcionaba a sus clientes las estructuras societarias para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos. Solicitó para los 14 acusados que aún quedaban unos mil millones de euros en multas y más de 170 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, además de contemplar indemnizaciones a favor del Estado.

El pasado 4 de marzo, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia y confirmó lo que en ámbitos judiciales de la ciudad se consideraba desde hace tiempo como una certeza. El caso se había, en gran parte, desinflado. De los 12 acusados que llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, ya que dos no lo hicieron por encontrarse enfermos, apenase se ha condenado a cinco y aunque el importe de las multas es cuantioso está alejado de la solicitud inicial del fiscal y de la dimensión que desde un primer momento se le atribuyó a la operación. En la sentencia, el tribunal reconoce para todos los acusados el atenuante de dilaciones indebidas por la excesiva duración del proceso.

«No puede negarse el impacto que la duración del procedimiento ha tenido sobre los acusados, en especial para aquellos profesionales que durante 11 años han visto su actividad (como economistas, abogados o promotores inmobiliarios) condicionada por las resultas del procedimiento, máxime cuando son actividades paras las cuales resulta esencial el crédito en la especialidad», reconoce la sentencia.

El tribunal llama la atención sobre la complejidad de la trama investigada, en gran parte por las conexiones internacionales, que hizo que el proceso dependiera en gran medida de la cooperación internacional, «en muchas ocasiones escasa, como en el caso belga» advierte el tribunal.

Conformidad

Durante el proceso, parte de los acusados llegaron a un acuerdo de conformidad en relación con la defraudación a Hacienda a través de una sociedad denominada 'Nueva Promotora de Benahavís SA' por un importe de 16 millones de euros, por lo que se condenó a Andrés Parejo, vocal de esa socieedad, a 15 meses de prisión y multa de ocho millones de euros.

Asimismo, se consideró probado que desde el despacho Cruz-Conde se ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos reales del mismo, por lo que uno de los acusados, Guzmán Lacalle, dejó de ingresar a la Agencia Tributaria 184.000 euros en en 2004 y 237.000 euros en 2006. A este abogado se le condena a seis meses de prisión y multas de 220.000 euros.

La sentencia también declara probado que dos ciudadanos paquistaníes, Aza Kham y Jan Nadir, utilizaron los servicios del despacho para crear sociedades con las que ocultaron fondos obtenidos de actividades criminales que desarrollaban en Bélgica. A ambos se los condena a cuatro meses de prisión y multa de tres millones de euros y al segundo, además, a dos penas de 18 meses de prisión y multas que suman ocho millones de euros.

Finalmente, también se condena al ciudadano holandés Peter Vorenkaap a seis meses de prisión, multa de 140.000 euros y a indemnizar a la Hacienda Pública en 264.000 euros.

El resto de los acusados, incluidos los letrados del despacho Cruz-Conde, resultaron absueltos.