La segunda fase del proyecto de videovigilancia prevé incorporar 111 nuevas cámaras

Un momento de la junta de seguridad celebrada ayer en el Ayuntamiento de Marbella./Josele-Lanza
Un momento de la junta de seguridad celebrada ayer en el Ayuntamiento de Marbella. / Josele-Lanza

Se sumarían a las 85 ya aprobadas para Puerto Banús, el Puerto Deportivo y los aparcamientos de Las Chapas y La Cañada

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

La segunda fase del proyecto para la implantación de la videovigilancia en Marbella prevé la instalación de 111 nuevas cámaras que se sumarían a las 85 ya instaladas en la primera etapa. Estas unidades se colocarían en diferentes ubicaciones de los cascos urbanos de Marbella y de San Pedro, según explicó ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

La regidora presentó el proyecto ante la Junta Local de Seguridad, que ayer se celebró en el Ayuntamiento con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, y de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Local.

Muñoz recordó que la primera fase del proyecto de videovigilancia ya se ha ejecutado y ha comenzado a entrar en funcionamiento. Las 55 cámaras instaladas en Puerto Banús y su entorno ya están activas y esta semana se conectarán las siete del Puerto Deportivo Virgen del Carmen. Esta primera etapa terminará de implantarse el mes próximo con la entrada en servicio del resto de las cámaras, situadas en los aparcamientos de los centros comerciales de La Cañada y Las Chapas. La instalación de las 85 cámaras en los cuatro emplazamientos previstos en esta primera fase ha supuesto una inversión de 1.046.000 euros.

Muñoz recordó que a segunda fase, que es más ambiciosa que la primera por el número de cámaras a instalar, ya cuenta con partida en los presupuestos municipales de este ejercicio y sostuvo que el objetivo del equipo de gobierno es que pueda ponerse en funcionamiento durante este año.

Una vez presentado el proyecto, el mismo deberá ser analizado por la Delegación del Gobierno en Andalucía y posteriormente aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En ese sentido, Gámez recordó que existe una experiencia anterior y que por lo tanto el Ayuntamiento de Marbellaa «sabe muy bien cómo solicitarla y cuál es su regulación». La subdelegada recordó que la norma que da amparo a este tipo de infraestructura de vigilancia es muy garantista, ya que tiene en cuenta «no sólo la necesidad que sienta el municipio sino también la no vulneración de la intimidad de las personas».

Por ello, dijo, se debe tener en claro que la necesidad de la videovigilancia en los emplazamientos en los que se solicite quede bien fundamentada, de modo que la tramitación pueda seguir su curso y la Delegación del Gobierno pueda aprobarla.

La implantación del sistema de videovigilancia en Marbella no fue un proceso sencillo. Después de más de una década de tramitación, en la que el proyecto fue rechazado en sucesivas ocasiones, la Comisión de Garantías del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio luz verde en octubre de 2017 al proyecto de instalación de dispositivos en los cuatro puntos concretos determinados desde el municipios.

En la selección de los emplazamientos pesó el criterio policial, que consideró, a partir de las estadísticas de delitos, que los cuatro puntos seleccionados (Banús, Puerto Depotivo, La Cañada y Elviria) eran donde había una mayor necesidad de contar con estas medidas de prevención y control.

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