«Quiero morir en mi casa»

La casa en medio de las obras de la futura avenida. Arriba, Antonio Márquez/Charo Márquez
La casa en medio de las obras de la futura avenida. Arriba, Antonio Márquez / Charo Márquez

Antonio Márquez pide que no tiren su casa, afectada por el desarrollo del sector Juan Benítez, al menos hasta que muera

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

¿Debe prevalecer el desarrollo de toda una ciudad ante el derecho a la propiedad de una familia? ¿Es más importante un carril bici que el esfuerzo y el trabajo de una familia?¿Es el urbanismo humano? Son las preguntas que surgen al conocer el caso de Antonio Márquez y María Dolores Aguilar, vecinos de Estepona que construyeron su casa, a base de esfuerzo y trabajo, a las afueras de la ciudad, cuando todo era campo.

Ahora la vivienda está en la zona de mayor desarrollo del municipio, el sector de Juan Benítez, donde el Ayuntamiento está construyendo nuevas avenidas y un carril bici. Sobre la casa pesa una orden de desahucio y demolición.

Eva María Márquez, hija del matrimonio, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en redes sociales para evitar la demolición del hogar que tanto esfuerzo costó a sus padres construir. En la plataforma Change.org cuenta en estos momentos con más de 1.300 firmas

No se opone a la expansión y avance de la ciudad, pero considera que el proyecto podría respetar la casa de sus padres. El inmueble se encuentra además en zona de influencia de la autovía, dependiente de Carreteras, por lo que no está previsto que se construya nada sobre ese terreno.

«Sólo quiero que me dejen morir en mi casa», reclama Antonio aquejado de un cáncer de próstata y con problemas de corazón. Padece además depresión, asegura su hija, y cada vez que hablan de la casa comienza a llorar. «No le queda mucho tiempo y sólo pedimos que pueda terminar aquí sus días», insiste. Su mujer, María Dolores, sufre fibromialgia y es asmática.

Eva lleva semanas solicitando una cita con el alcalde, para exponerle el caso cara a cara, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento sólo se ha pronunciado a través de su página de Facebook recordando que fue el equipo de gobierno socialista el que, en 2010, aprobó inicialmente la reparcelación de este sector, tal y como está previsto en el PGOU, y que en ese momento se inició el proceso de expropiación. El Ayuntamiento también expone en su publicación que se abonó al afectado 159.976 euros en concepto de indemnización, «que percibió hace más de seis meses».

La hija de los afectados aclara que aceptaron la indemnización «con disconformidad ante el inminente desahucio». «Le dijeron a mis padres que en 24 horas les podrían echar y cogieron ese dinero para buscar un piso al que poder mudarse en caso de que los echaran», puntualiza.

Los propietarios no están de acuerdo con la tasación realizada y han iniciado un proceso judicial para que un perito establezca el justiprecio de la vivienda. Hasta que no se disponga de la valoración judicial el desahucio se ha paralizado.

Eva advierte que inicialmente el Ayuntamiento ofreció a sus padres mantener la vivienda hasta que murieran, pero renunciando a obtener alguna indemnización. «Pero mis padres no querían perder todo por lo que han luchado en su vida y no aceptaron ese trato» explica. Ahora sólo piden que les den un tiempo, hasta que su padre fallezca, para ejecutar la demolición y tras recibir el precio justo que determinen los tribunales. Con 71 y 64 años ahora son okupas en una casa que ellos mismos construyeron con sus manos pero que desde 2015 es propiedad del Ayuntamiento.