Pisos turísticos, en el punto de mira policial

Aunque la ley obliga a las personas que explotan apartamentos o pisos turísticos a darse de alta en el sistema, todavía quedan muchas por hacerlo. Al cierre de esta edición, la comisaría tiene unos 1.400 mil usuarios registrados en la capital frente a los 3.080 alojamientos de este tipo que hay en la ciudad, lo que representa un 45%. El ritmo de altas en la provincia es inferior a la capital. Concretamente, la policía ha dado de alta ya unas 4.500 viviendas de las 18.972 del total de inmuebles de uso turístico censadas, lo que supone que solo una de cada cuatro ya utilizan la aplicación policial que permite controlar a los huéspedes.

La obligación de mantener informadas a las Fuerzas de Seguridad es la misma que cumplen a diario los 847 establecimientos hoteleros. La normativa obliga a los arrendadores de pisos a comunicar a la Policía Nacional los nombres y apellidos de todos los inquilinos. Para ello, tienen que confeccionar lo que se denomina un «parte de viajero» con las identidades de todos aquellos huéspedes mayores de 16 años, «como si fuera un hotel», explica Gustavo Ferrer, policía adscrito a la delegación provincial de Participación Ciudadana.

En la ficha, se deben incluir todos los datos personales (DNI o pasaporte), así como la fecha de entrada en la vivienda. «La idea es que nos lo comuniquen para que tengamos constancia de quién viene», añade el agente, que apela a la necesidad de que todos los arrendadores se den de alta tanto en el registro de la Junta como en la aplicación «hoteles» de la policía porque contribuye a mejorar la seguridad. Mientras se tramita dicha alta, se les facilita un correo electrónico donde enviar los datos durante el proceso de regularización de la vivienda en la policía para que no tengan que cesar su actividad.

«El primer interesado en saber quién está en su casa debe ser el usuario, y más con el nivel 4 de alerta terrorista que hay actualmente. Si no sabemos que una determinada persona está ahí, no podemos actuar. Nuestro objetivo principal es la prevención», continúa Ferrer.

Gestión del alta

El alta en la aplicación policial es más sencilla de lo que pueda parecer. Basta con enviar un correo electrónico a malaga.hospederías@policia.es (solo para Málaga capital, cada localidad tiene el suyo, por lo que habría que contactar con la comisaría en cuestión) para recabar la información necesaria y obtener los once archivos anexos que llevaba aparejada. Tras ello, obtienen una cita presencial en comisaría para entregar toda la documentación y resolver las dudas que pueda plantear el usuario. A partir de ahí, todas las comunicaciones se realizan a través de la aplicación.

Y hay lista de espera, aunque en los últimos meses se ha reducido considerablemente. Según explican en comisaría, actualmente se están dando citas para principios de junio ante la demanda de información de los usuarios, que empiezan a responder a la obligación que les impone la normativa, ya que de lo contrario se exponen a una inspección y, en caso de detectarse anomalías o irregularidades, a una sanción administrativa ante la Subdelegación del Gobierno.

Las faltas pueden ir de leves a graves y las multas van desde los 100 hasta los 30.000 euros. Se consideran leves (de 100 a 600 euros) las irregularidades en la cumplimentación de los registros, mientras que están catalogadas como graves (de 600 a 30.000) la negativa u obstrucción deliberada a la inspección policial, la carencia de registros o la omisión a la hora de comunicar los «partes de viajeros» a la comisaría.

El alta la pueden solicitar el propietario de la vivienda turística, el titular de dicha actividad, si no es el mismo, o la persona que gestiona los alquileres, a modo de representante, previa autorización del titular. Todos ellos deben adjuntar una declaración responsable realizada ante la Junta, copia y original de la escritura o, en su defecto, el contrato de cesión autorizando dicha actividad mediante subarriendo.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), Carlos Pérez-Lanzac, lamentó que la lista de espera para el registro policial «está provocando que algunos propietarios incumplan con lo establecido en la norma. Lo cierto es que de forma general se cumple con este trámite al que estamos obligados a hacer. Es más, el registro del viajero en la Policía tiene que realizarse en las 24.00 horas de llegada del turista y es sancionable no formalizarlo. De ahí que se haga con regularidad». En este sentido, explicó que en la actualidad la Policía está dando las citas a tres o cuatro meses vista. Carlos Pérez-Lanzac compartió que una vez dado de alta en la Policía «el trámite es rápido». Por contra criticó que la normativa andaluza obliga a los propietarios a guardar durante todo un año la documentación de los viajeros alojados. «Todo en papel, con la incomodidad que ello genera para su almacenaje. Además es sancionable no disponer de esta documentación», precisó, para avanzar que precisamente quieren mantener una reunión con la Subdelegación del Gobierno para explicarle las dificultades a las que se enfrentan, sobre todo, en la capital malagueña para el registro policial. «Es donde más documentación están pidiendo», dijo.

Sanciones

Frente a estas consideraciones, a pie de calle cambian las cosas. Es fácil encontrar manifestaciones de propietarios de viviendas turísticas que, pese a conocer sus obligaciones, aseguran no estar dispuestos a informar de cada uno de sus huéspedes, alegando que con este trámite Hacienda controlará al detalle los ingresos percibidos. «O nos sancionan por una cuestión o por otra, y con Hacienda es mejor estar bien», precisó este dueño de un inmueble que, obviamente, quiso mantenerse en el anonimato, pero que cuenta con dos viviendas en la capital de la Costa del Sol.

Sobre este aspecto, Carlos Pérez-Lanzac negó la mayor y aseguró que «cumplir o no con la obligación de informar a la Policía nada tiene que ver con Hacienda porque la mayoría de las reservas se hacen a través de las plataformas de alquiler vacacional. Es un dinero ya declarado». Otros propietarios han renunciado a cumplir con esta obligación, que persigue velar por la seguridad ciudadana, alegando básicamente que ya les come demasiado tiempo el tener preparado el inmueble como para también hacer más gestiones administrativas. «Bastante tengo con estar pendiente de todo lo que necesitan mis huéspedes como para añadir más obligaciones», declaró, rechazando de lleno la posibilidad de contar con alguna de las empresas de gestión de este tipo de viviendas que han proliferado en la provincia desde la aprobación de la normativa y que ayudan en estos trámites.

Pero el asunto tiene una gran trascendencia para el conjunto del ciudadano que ve que esta dejadez pone en riesgo la seguridad. De hecho, días atrás el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, instó públicamente a los dueños de este tipo de alojamiento a que sean transparentes en este registro porque la seguridad es una prioridad. «Hay que cumplir, como hacen los hoteles, con facilitar siempre la información a la Policía. Es algo fundamental para todos», declaró poco antes de la reunión mensual del Foro de Turismo de Málaga donde se gestan las estrategias para el desarrollo turístico de la ciudad y que, en más de una ocasión, ha alzado la voz para reclamar el cumplimiento de todas las obligaciones. Unos requisitos que les recuerdan a los propietarios desde que acuden al Registro de Turismo de Andalucía para inscribir sus viviendas. Después depende de la conciencia de cada uno contribuir a la seguridad ciudadana.