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Sábado, 7 de julio 2018, 00:06
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Negarse a colaborar con un agente de la autoridad para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia en el organismo de drogas no es una buena idea. El conductor que se niegue a someterse a estas pruebas legalmente establecidas será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Para llevar a cabo este tipo de controles, no es necesario que los agentes hayan observado síntomas externos o maniobras irregulares en la conducción.
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