Muñoz pide al PSOE que apoye en el pleno la inversión de estos fondos extraordinarios

N. C. MARBELLA.

El Ayuntamiento de Marbella someterá el próximo lunes a aprobación, en un pleno extraordinario, la incorporación al presupuesto municipal de los fondos recuperados hasta el momento en los procedimientos judiciales por casos de corrupción con sentencia firme, casi 15 millones de euros, de modo que queden vinculados a los proyectos que han sido elegidos por los vecinos mediante una encuesta. Una vez se dé luz verde a la incorporación de las partidas en la sesión plenaria del lunes, se iniciará la tramitación correspondiente para la licitación de los proyectos con el fin de que las actuaciones puedan iniciarse en 2019.

En este sentido, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, pidió al PSOE local que se ponga al lado de los intereses de Marbella, y apoye el punto en el pleno. El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento, José Bernal, respondió a Muñoz que «deje de dar lecciones de amor por Marbella» porque lleva años «maniobrando» para quitarle al municipio 170.000 metros cuadrados de terreno «solo para sus intereses particulares y los de su familia». El concejal socialista apuntó que son los funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social los que reclaman la devolución de los 12 millones de euros, no el Gobierno de Pedro Sánchez, y que lo hacen porque la alcaldesa, en su «pasión por hacerse fotos, no esperó a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, Izquierda Unida defendió ayer que los fondos que se recuperen de las sentencias por corrupción, incluido el cheque de 12 millones más el otro de dos millones, se queden en Marbella y sirvan para financiar inversiones y no para que vayan a pagar deuda de Hacienda y Seguridad Social ya que éstos son pagos al Estado ya planificados.

No obstante, el portavoz, Miguel Díaz, censuró las formas empleadas por la regidora, acusándola primero de ocultar durante meses el requerimiento de Hacienda mientras paralelamente sacaba «una encuesta hecha sin garantías» para decidir el destino de los 12 millones y ahora, por no dar tiempo a la oposición a estudiar el requerimiento formulado por la Seguridad Social con anterioridad a la Comisión Informativa de ayer, reunión donde los grupos fijan sus posiciones antes de los plenos.

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