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Lunes, 23 de julio 2018, 00:04
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El Ayuntamiento de Marbella no se sumará, al menos, de momento, a la avanzadilla de ciudades españolas que cuentan con un registro de ADN canino para cotejar las deposiciones de los animales en la vía pública, e identificar y multar a los dueños incívicos que no las recogen. Este proyecto de dimensiones detectivescas, anunciado en marzo de 2017 por el gobierno presidido por el PSOE para incrementar los niveles de limpieza de la localidad, no ha sido descartado por el actual equipo de gobierno, que lo mantiene en 'stand-by' para estudiar las repercusiones legales, económicas y sociales que tendría la entrada en vigor de un registro de perfil genético para tales fines.
«Es necesario estudiar la iniciativa con mayor profundidad, dado que, además del alto coste económico, hay que analizar con más detenimiento su comportamiento y resultados», subrayan fuentes municipales.
En concreto, el equipo de gobierno quiere analizar si la medida incumple la normativa autonómica, ya que las fuentes apuntan a la existencia de tesis que defienden que los ayuntamientos no tienen competencia para su aplicación; si los tribunales avalan la medida, porque al parecer, según explican, algún dueño ha recurrido la sanción y ha ganado el pleito; y por último si constituye realmente una actuación que sirva para reducir comportamientos incívicos por parte de los dueños de las mascotas.
En cualquier caso, la entrada en vigor de la medida precisa de una modificación del capítulo IV, artículo 16, de la ordenanza municipal vigente sobre Tenencia de Animales, con el objetivo de incluir la obligación de que todos los propietarios de canes de la ciudad registren el perfil genético de su mascota mediante una extracción de sangre, con cargo a su bolsillo. Mientras que, por otra parte, el Ayuntamiento tendría que valerse de la infraestructura para la toma de muestras en la calle y su cotejo. La inversión requerida para efectuar estos análisis ronda los 18 euros por muestra, de ahí que los actuales responsables locales hablen del elevado coste de la medida.
Según cálculos ofrecidos en su momento por el gobierno del socialista José Bernal, la puesta en marcha del banco de ADN canino tendría un impacto directo sobre los niveles de higiene y pulcritud del municipio y supondría un ahorro en costes de limpieza para las arcas municipales de 191.000 euros al mes.
En la actualidad, según el texto de la ordenanza en vigor, los dueños incívicos que no recogen los excrementos se enfrentan a una multa que oscila entre los 75 y 500 euros.
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