Marbella integra en su presupuesto el dinero de la corrupción para comenzar a licitar obras

Momento de la votación por unanimidad en el pleno extraordinario de ayer./Josele-Lanza -
Momento de la votación por unanimidad en el pleno extraordinario de ayer. / Josele-Lanza -

El pleno aprueba el trámite por unanimidad en una sesión en la que la alcaldesa reitera que los fondos irán a inversiones y la oposición advierte de las reclamaciones que sobre ellos han hecho Hacienda y Seguridad Social

Mónica Pérez
MÓNICA PÉREZMarbella

Aprobado el trámite por unanimidad –no sin debate y cruce de acusaciones entre gobierno y oposición– y luz verde para que el Ayuntamiento de Marbella pueda empezar a trabajar sobre los proyectos y las licitaciones de las tres primeras obras financiadas con dinero procedente de las sentencias firmes en casos de corrupción que ha recibido ya la ciudad. El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad de los grupos la incorporación de los 14.260.000 euros obtenidos a través de los casos 'Malaya' y 'Saqueo I y II' al presupuesto municipal de 2018 como crédito extraordinario. El trámite otorga partidas concretas ya a los tres proyectos seleccionados para financiarse con esos fondos: la residencia pública de mayores, la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas y la escuela de música y danza y una biblioteca en el núcleo urbano de San Pedro. «Hoy garantizamos con este paso que se liciten y construyan unos equipamientos absolutamente necesarios, votados por los ciudadanos, demandados durante mucho tiempo y reclamados a otras administraciones», defendió la alcaldesa Ángeles Muñoz, quien reiteró un mensaje ya pronunciado en los últimos días tras conocerse que también la Tesorería de la Seguridad Social, al igual que Hacienda, reclama al Ayuntamiento que destine 12 millones de esos fondos (los correspondientes al cheque que ingresó el Ayuntamiento procedente de 'Malaya') al pago de deuda. «Les informo de que de aquí no saldrá ni un solo euro», espetó a los grupos de la oposición que advirtieron sobre dichas reclamaciones y acusaron a Muñoz de «utilizar» el asunto como arma electoral.

Los proyectos

Una vez aprobado el trámite y tras el pertinente plazo de exposición pública, el Consistorio podrá disponer de estas partidas, según explicaron a SUR fuentes municipales. De ahí que la idea con la que se trabaja sea la de comenzar a licitar obras en cuanto sea posible. Sobre la residencia pública de mayores, que se construirá en una parcela cedida por una familia del municipio (Álvarez) hace décadas para que albergara el equipamiento, la alcaldesa indicó que contará con unas 120 habitaciones con todos los servicios necesarios. Además se pretende que esté abierta a colectivos sociales del municipio que trabajan con pacientes afectados de Alzheimer. Según Ángeles Muñoz, el Ayuntamiento está a la espera de un encuentro con la Junta de Andalucía para rehabilitar el edificio del antiguo Trapiche de Guadaiza, declarado Bien de Interés Cultural. El proyecto se licitó hace años tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, y se llegó a poner una primera piedra. La quiebra de la adjudicataria dejó el proyecto en el dique seco.

Muñoz reprocha a la oposición que no den por bueno el informe de la Asesoría Jurídica

La Escuela Oficial de Idiomas se reubicará en un local de titularidad municipal, el edificio Feria, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie que albergará once aulas. El proyecto ronda los 1,5 millones de euros. El proyecto de la escuela de música y danza en San Pedro, dotado con 3,2 millones de euros –indicó la alcaldesa– supondrá trasladar el centro a unas instalaciones de titularidad municipal. Además, se dotará de biblioteca. La idea es que este proyecto se redacte y licite antes de que concluya 2018, según la regidora.

«Hoy es un gran día gracias a todos los vecinos que avalaron en el 2006 con su firma que los fondos judiciales volvieran a Marbella. Nos apoyaron en una reclamación que era de derecho y que cuenta con todos los informes jurídicos basados en la profesionalidad de los letrados y habilitados del Ayuntamiento para defender los intereses municipales ante algunas de las peticiones que nos han realizado desde otras administraciones», apuntaba Muñoz en su intervención de apertura del pleno. Tras ella llegaron las críticas desde los grupos de la bancada de la oposición.

Convenio con el Gobierno

El más crítico fue el portavoz socialista, José Bernal, quien acusó a Muñoz de «utilizar el tema de la devolución del dinero de la corrupción con fines electoralistas». Bernal reiteró que el Gobierno central, con el PSOE al frente, «va a elaborar y firmar el convenio» que permita que Marbella pueda recibir el dinero de las multas. «Le pido lealtad institucional y que arregle el desaguisado de los 12 millones de euros, que se los reclaman los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social, algo que podría haber evitado con esperar dos semanas para hacerse la foto. Se ha equivocado y no lo va a reconocer públicamente».

PSOE, IUy CSSP acusan a la alcaldesa de «utilizar electoralmente» el asunto

Desde IU, su portavoz, Miguel Díaz, defendió la postura de su grupo a favor de que se quede en Marbella el dinero que la ciudad reciba de los casos de corrupción, así como el papel jugado por la «ciudadanía» para que la ciudad se vea recompensada por los casos de corrupción. El edil, no obstante, acusó a la alcaldesa de «manipular y ocultar la verdad» en este asunto y pidió a la regidora que «no utilice electoralmente» el asunto.

En la misma línea, la concejala de CSSP, Victoria Mendiola, defendió igualmente que los bienes recuperados se queden en Marbella. Acusó a Ángeles Muñoz de «tener gran experiencia en vender humo» y hoy estamos aquí –indicó– «con más anuncios de cara a la galería». Mendiola reprochó a los concejales de OSPque no intervinieran en el debate. Su grupo presentó una enmienda, que fue aprobada, para que se garantice la gestión pública de los equipamientos financiados con ingresos de los procesos judiciales.

En su turno de réplica y cierre, Ángeles Muñoz reprochó a los concejales de la oposición «que den por buenos los argumentos de la Seguridad Social y Hacienda y no los de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Marbella».

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