Manilva exige mayor dotación policial tras la detención de un yihadista

La corporación reclama al Gobierno un puesto principal de la Guardia Civil o dotación de la Policía Nacional

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

La corporación municipal de Manilva aprobó ayer por unanimidad una moción institucional en la que insta al Gobierno central a dotar al municipio de un puesto principal de la Guardia Civil o, en su defecto, de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, cuerpo que no cuenta con efectivos en la localidad. La petición se produce después de que el pasado 15 de enero fuera detenido en el municipio un presunto yihadista que, según desveló la investigación, pretendía inmolarse en la feria de la localidad.

Al mismo tiempo, la corporación felicitó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por su actuación en la detención de este presunto terrorista. El alcalde, Mario Jiménez, negó, como mantenía la oposición, que haya mayor sensación de inseguridad entre los vecinos tras conocerse esta detención, así como otros sucesos acaecidos en el municipio, como un asesinato, alijos en las playas o diversas detenciones y desarticulación de bandas criminales.

Tanto el PSOE como Agrupación Socialista de Manilva (ASM) recordaron al equipo de gobierno que han reclamado e sesiones anteriores la convocatoria de nuevas plazas para la policía local. El portavoz socialista, Diego José Jiménez, también acusó al alcalde de haber hecho «daño a la imagen del municipio» con declaraciones en los medios de comunicación «diciendo que Manilva es un paraíso para el narcotráfico».

Por su parte, el teniente alcalde Diego Urieta recalcó que la seguridad es «uno de nuestros retos» y aclaró que «no es que haya más inseguridad en el municipio, sino que se actúa más y las investigaciones están dando resultados, por eso Manilva aparece más en los medios de comunicación».

El portavoz de ASM, Emilio López, expuso a través de una moción, la polémica suscitada por la tala de una palmera en el puerto de La Duquesa, el posterior enlosado de la zona y por último, la colocación de una nueva jardinera.

El edil pidió explicaciones y el equipo de gobierno reconoció que esta actuación había tenido un coste aproximado de unos mil euros, que asumió un empresario de la zona. Y que la tala se había producido basándose en informes técnicos. Los ediles de Obras y de Medio ambiente, ambos de IU, han mantenido posturas enfrentadas respecto a este tema pues el primero sostenía que la palmera no debió ser talada y el segundo, lo contrario, siempre basándose en informes técnicos.

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