La Junta dice que el Ayuntamiento de Estepona no puede desahuciarla de los juzgados

Imagen de archivo de los juzgados de la avenida Juan Carlos I./
Imagen de archivo de los juzgados de la avenida Juan Carlos I.

El 30 de septiembre se cumple el plazo para que Justicia abandone el edificio municipal de la avenida Juan Carlos I, que le reclama el Consistorio para ubicar servicio sociales

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

El 1 de octubre próximo puede darse el curioso caso de que un juez de Estepona reciba una orden de desahucio para abandonar el edificio de los juzgados. El próximo 30 de septiembre finaliza el periodo de concesión del edificio municipal de los Juzgados de la avenida Juan Carlos I a la Junta de Andalucía después de 30 años de usufructo. El Ayuntamiento, propietario del inmueble, va a destinarlo a servicios sociales y viene reclamando a la Junta de Andalucía que abandone el inmueble, sin éxito.

La Junta de Andalucía ha anunciado que el Ayuntamiento no puede desahuciarla y que está buscando locales en el municipio para reunificar las tres sedes actuales, pero que este proceso no podrá concluirse al menos hasta finales de año. Fuentes de la consejería de Justicia han aclarado que mantienen un contacto directo con el Ayuntamiento al que le han comunicado que buscan un local de al menos 5.000 metros cuadrados, «porque no se trata sólo de encontrar un inmueble para los juzgados 1, 2, 6 y el registro civil, que alberga actualmente el edificio de la avenida Juan Carlos I, sino que pretendemos reunificar las tres sedes judiciales que actualmente se encuentran dispersas en el municipio», han explicado.

La Junta asegura que ya cuenta con los informes favorables de Patrimonio e Infraestructuras del Gobierno andaluz pero que resta el informe jurídico, el de intervención general, la fiscalización del gasto y el anuncio de la licitación, «por lo que el proceso no podría resolverse hasta finales de año», advierten.

Insisten desde la Consejería de Justicia que el Consistorio está al tanto de estos trámites, pero por si hubiera alguna duda recuerdan que los ayuntamientos «solo tienen potestad para promover el desahucio en su relación con los particulares y personal a su servicio, no con otra administración pública» según la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Concretan que el artículo 67 de dicha Ley recoge que sólo se podrá recuperar la disponibilidad del edificio cuando éste deje de cumplir la función que motivó la entrega, «lo cual no ocurre en el presente caso pues el edificio sigue destinado a sede judicial».

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