La jueza cita al Ayuntamiento de Estepona y a Arquisocial para resolver el conflicto de la ayuda a domicilio

La jueza cita al Ayuntamiento de Estepona y a Arquisocial para resolver el conflicto de la ayuda a domicilio

El Consistorio insiste en que no tiene puestos para los trabajadores y la concesionaria en que no fue informada de los despidos

Charo Márquez
CHARO MÁRQUEZ

La situación de los 16 trabajadores despedidos del servicio de ayuda a domicilio dio ayer un paso más. La jueza citó al Ayuntamiento de Estepona y a la empresa concesionaria del servicio, Arquisocial, a un incidente de no readmisión para conocer cual es la postura de ambos después de que los tribunales diera la razón a los 16 empleados, que tienen sentencias favorables a su favor para ser readmitidos, están cobrando sus nóminas, pero no han sido reincorporados.

Los trabajadores reclaman ser readmitidos por el Ayuntamiento o subrogados a Arquisocial. El Ayuntamiento pidió ayer a la jueza que extinga los contratos. Hasta el momento se ha negado a readmitir a los auxiliares, pese a que les está abonando la nómina, señalando que no dispone de puestos para ellos. Además ha tratado de explicar esta situación señalando que «estos trabajadores están exonerados de la prestación de servicios hasta tanto no se produzca una modificación sustancial de la actual situación de la organización, habida cuenta de que actualmente no existen tareas que encomendarles, debido a la externalización del servicio al que se encontraban adscritos».

El abogado de los trabajadores, Eduardo Alarcón, no entiende como una administración pública puede negarse a cumplir las sentencias de readmisión y señala que el Ayuntamiento debería reincoporar a la totalidad de los 16 auxiliares, «y luego podrá despedirlos, pero será otro procedimiento», afirmó.

La concesionaria, por su parte, ha basado su defensa en que en el momento de la firma del contrato, en mayo de 2017, no fue informada de la relación de estos trabajadores, extremo este que negó el abogado, que aportó mensajes entre un representante de la empresa y los trabajadores en los que se exponía la situación y se le comunicaba que tenían sentencias a su favor.

El letrado apoyó además su postura en que Arquisocial ha incrementado su plantilla hasta casi un cien por cien, ya que ha pasado de los 56 iniciales a más de 90 empleados. Lo que a su entender, evidencia la necesidad de plantilla de la empresa.

Alarcón considera que Ayuntamiento y Arquisocial cometieron un «fraude de ley» y actuaron «de mala fe» en el momento de la firma del contrato de la externalización del servicio pues ambos estaban al tanto de las sentencias de readmisión que ignoraron.

Estos empleados suponen mensualmente un gasto para las arcas municipales de unos 30.000 euros. El colectivo estima que, hasta la fecha, el Consistorio habrá superado, entre salarios de tramitación y las nóminas, el millón de euros.