El juez del caso 'Astapa' ordena el sobreseimiento para 39 investigados

La Fiscalía Anticorrupción ya había acusado de diferentes delitos sólo a 51 de los 90 procesados inicialmente en el caso

AGENCIAS ESTEPONA.

El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional del caso 'Astapa' sobre la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez señala que «resulta vinculante la petición de sobreseimiento formulada por el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación», por lo que debe decretarse dicho sobreseimiento respecto a estos 39 investigados y continuar las actuaciones con el resto.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó diez años y nueve meses de prisión y treinta y ocho años de inhabilitación para el exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos en este caso, al estar acusado de delitos continuados de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

El escrito provisional del fiscal acusa a 51 personas, entre los que se encuentran exconcejales, empresarios y empleados municipales, y pedía el sobreseimiento para otras 39 personas que ahora ha sido acordado por el juez.

En materia de responsabilidad civil el ministerio público considera que el exregidor, junto a otros cinco acusados, deberá indemnizar de forma solidaria al Ayuntamiento de Estepona con 28.306.077,52 euros.

En el escrito acusatorio, de 162 folios, se explicaba que entre 2003 y la primera mitad de 2007 el gobierno de coalición formado por el PSOE y el Partido Estepona (PES) creó una caja B en el Ayuntamiento de Estepona para poder aumentar el gasto público, que era inasumible con los recursos presupuestarios del municipio.

Caja B

El fiscal mantiene que dicha caja B se nutría de aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios, «que naturalmente no estaban obligados a soportar ningún pago que les viniera impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales».

Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores, lo que con frecuencia dio lugar a manipulaciones en el objeto de las correspondientes facturas o a la emisión de otros documentos falaces.

Los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio y en los años siguientes se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística.

Se implantó una «estructura de poder» en la que toda la actividad urbanística del municipio pasó a depender de la voluntad del alcalde; su jefe de gabinete, José Flores Simón; el responsable de Planeamiento, Francisco Zamorano Vázquez; el concejal de Urbanismo, Pedro López Fernández; el de Economía, Manuel Reina Contreras, y el primer teniente de alcalde de Estepona, José Ignacio Crespo de Lucas, según la Fiscalía.

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