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HISTORIA  INTERMINABLE

HISTORIA INTERMINABLE

FRANCISCO MOYANO

Martes, 6 de febrero 2018, 00:40

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LOS hechos demuestran que Marbella no ha tenido suerte en materia de transportes. Puede que esa carencia sea equiparable a una mala gestión por parte de los responsables públicos. Desde hace unas semanas el tema recurrente, casi un mantra instalado en el subconsciente desde hace décadas, es la llegada del tren y el modelo que más convendría a la ciudad. Las opiniones son variadas y, en ocasiones apasionadas, al tiempo que, al menos aparentemente, teñidas de intereses políticos. Pero bastante más doméstico que el tren es el transporte urbano, esa línea de autobuses, de forma crónica deficitaria en prestaciones, sin que ninguna administración hasta el momento haya puesto las bases para la solución del problema: convertir este servicio en una verdadera alternativa al vehículo privado. Se encontraba el alcalde Antonio Lizarza Iturrarte al final de su mandato en 1966, cuando entró en servicio la primera línea de transporte urbano de Marbella. La puso en marcha el empresario Manuel García Parra; iba desde la Plaza de Toros hasta el Hotel Meliá Don Pepe y ambos extremos se encontraban a considerable distancia del casco urbano, puesto que aún no había comenzado la enorme expansión urbanística que se experimentaría en las décadas posteriores. Supuso un acontecimiento y un avance en infraestructuras muy significativo. La empresa García Parra mantuvo la concesión hasta el mes de febrero de 1978. En 1977 el Ayuntamiento consideró oportuno convocar un concurso público para la adjudicación del servicio de transportes públicos dentro del casco urbano de la ciudad que había quedado delimitado por la Séptima Jefatura Regional de Transportes Terrestres, con fecha 28 de junio de 1977. Se realizó la convocatoria en dos ocasiones, publicándose la segunda en los boletines oficiales del Estado y de la Provincia el 21 de diciembre de aquel año. Finalizado el plazo, solamente se presentó una oferta suscrita por Gerardo Díaz Ferrán, Edmundo Torres Castro y Gonzalo Pascual Arias, que lo hacían solidariamente a título personal al tiempo que como representantes de una futura sociedad que se denominaría “Autobuses Urbanos del Sur S. A.”. Sería una sociedad con capital desembolsado de cinco millones de pesetas. El precio del billete se fijaba en diez pesetas, como tarifa única, a excepción de los días festivos que ascendía a once pesetas. En el pleno del mes de enero de 1978, la corporación decidió otorgar la concesión y aceptar una tercera línea de autobuses que ofertaba la adjudicataria, que era circular y pasaba por la Circunvalación, llegando al cruce del Trapiche. El nuevo adjudicatario debía hacerse cargo del servicio el dieciséis de febrero de 1978. Se Comunicaba a la empresa García Parra el cese en la prestación del servicio. La nueva empresa presentó fianza de cien mil pesetas en el plazo establecido, pero el día señalado para la firma del contrato comunicó su desistimiento y reclamación de devolución de la fianza, ante la resolución del Delegado Provincial de Trabajo, obligando a la adjudicataria a hacerse cargo de los trabajadores de la empresa García Parra y, en caso de no ratificar la concesión, sería el Ayuntamiento quien tendría que asumir a los trabajadores. El ayuntamiento decidió presentar recurso de alzada como paso previo al contencioso administrativo. Se planteaba el problema de ofrecer el servicio público de transporte, cuando además se acercaba la Semana Santa y aumentaba significativamente el número de visitantes. El Ayuntamiento decide prestar directamente el servicio y para ello contrató tres autobuses de la empresa Trap S. A. con un coste de diez mil pesetas por autobús y día. La situación fue comunicada al Gobierno Civil y fueron citados a un acto conciliatorio todas las partes implicadas, así como partidos políticos y centrales sindicales. Se llegó a un acuerdo para que la nueva adjudicataria comenzase el servicio, asumiendo el Ayuntamiento a tres de los conductores de la antigua concesionaria y las indemnizaciones a los cuatro que dejaban de prestar servicio. El Ayuntamiento desistía del recurso de alzada y consideraba normalizada la situación. A lo largo de los muchos años transcurridos, no se ha encontrado aún el modelo de transporte urbano que satisfaga las necesidades reales de una ciudad que, durante buena parte del año, ve multiplicada su población. Rutas que cubran todo el término municipal, frecuencia del paso de autobuses y puntualidad son asignaturas pendientes. No falta mucho para que se dé la oportunidad para aprobarlas

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