La Fiscalía pide diez años de prisión para el exalcalde Antonio Barrientos y otros cinco acusados en 'Astapa'

El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, en su última citación en el juzgado de Estepona./
El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos, en su última citación en el juzgado de Estepona.

El Ministerio Público describe en su escrito de acusación un manejo arbitrario del urbanismo durante los años del 'boom' inmobiliario

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Tras 11 años desde el inicio de la investigación y diez después de que se desarrollara la 'operación Astapa' y que obligó a dimitir al entonces alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, ya se conoce de qué se acusa a los 51 investigados que aún permanecen en la causa. La Fiscalía ha culminado su escrito de acusación, en el que solicita penas de cárcel para los principales implicados, entre los que se encuentran el propio Barrientos, quien fuera su jefe de gabinete, José Flores, y el exsenador del PSOE Francisco Zamorano, nombrado en 2004 director económico para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona. Para los tres solicita diez años de prisión, al igual que para los exediles del PES (antiguo GIL) José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el gerente de Urbanismo nombrado por esa formación política, Pedro López. Se trata de las peticiones de prisión más altas contenidas en el escrito, de 162 páginas, en el que se mantiene la acusación contra 51 de los 95 investigados. Entre ellos hay también exediles, trabajadores municipales y empresarios.

En su relato de los hechos, el fiscal sostiene que tras las elecciones municipales de 2003, cuando Barrientos accedió a la Alcaldía tras un pacto del PSOE con el PES, los gobernantes municipales tuvieron que hacer frente a una desastrosa situación económica que el municipio arrastraba de años anteriores, con una plantilla sobredimensionada, y «en lugar de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios al alcance del municipio».

En ese marco, sostiene el fiscal, financiaron una buena parte de ese gasto con la creación de una 'caja B', que básicamente se nutriría de aportaciones económicas de promotores y empresarios del sector inmobiliario. Estas contribuciones, de acuerdo al relato del Ministerio Público, se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinio de actividades deportivas y culturales y en la asunción de deudas de las concejalías o sociedades municipales como gastos propios de las empresas. Estas prácticas, según el fiscal, dieron lugar a manipulaciones en facturas y a la emisión de otros documentos falaces.

El escrito de acusación indica que los empresarios requeridos solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio, lo que dio lugar a que en los años siguientes, concretamente entre 2003 y 2007, cuando España en general y la Costa del Sol en particular vivieron un 'boom' inmobiliario, se normalizara «una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido gobernantes».

El exalcalde lamenta que no se practicaran pruebas pedidas por la defensa

El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos lamentó ayer que durante la fase de instrucción no se practicaran pruebas solicitadas por su defensa que en su opinión hubiesen permitido el esclarecimiento de los hechos. En un comunicado remitido a SUR, Barrientos consideró incomprensible esa situación,y citó como ejemplo el careo en sede judicial entre los peritos que valoraron los convenios y concluyeron que habíansupuesto un perjuicio para el Ayuntamiento y los propuestos por la defensa. En el único caso en que se permitió se llegó a la conclusión que un convenio que se consideraba lesivo para los intereses municipales acabó valorado como conveniente para los mismos, según asegura.

El exalcalde reclamó que se respete su derecho a la presunción de inocencia. «Estoy convencido de que no defraudaré a todos los que me conocen y han confiado en mi actuación», asegura en la nota.

Barrientos consideró indignante que se haya enterado por la prensa del escrito de acusación del fiscal, aseguró que aún no ha tenido acceso al documento y recordó que las 60 personas que han sido desimputadas recientemente, entre ellos la mayoría de los exediles socialistas, cargos municipales y familiares suyos, tuvieron que soportar durante años juicios de valor y críticas por hechos que finalmente han sido desestimados.

Asegura también que en las ocasiones en las que ha sabido de prácticas irregulares en el Ayuntamiento las ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Según el fiscal, con la estructura de poder que estuvo implantada en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y la primera mitad de 2007, toda la actividad urbanística del municipio pasó a depender de la voluntad de Barrientos, Flores, Zamorano, Crespo, Reina y López, los seis investigados para los que se piden las mayores penas . El fiscal les reclama una responsabilidad civil de 28 millones de euros, cantidad en la que se estima el perjuicio sufrido por el Ayuntamiento de Estepona.

Ventajas actuales o futuras

El Ministerio Público señala que los seis asumieron conjuntamente la responsabilidad de supeditar cualquier proyecto de conversión de suelos rústicos en urbanizables o de modificación del planeamiento en general a la efectiva participación del municipio en no menos de un tercio de las plusvalías generadas. Fue en esas circunstancias, según el fiscal, en las que adoptaron medidas arbitrarias tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, «buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos». Asegura que también perjudicaron a promotores al condicionar la negociación o ejecución de ciertos convenios a la realización de pagos adicionales no previstos en los acuerdos que firmaban y destinados tanto a eventos o necesidades municipales como a fines privados. La mayoría de los pagos irregulares sirvieron para financiar «un gasto desproporcionado en conciertos, fiestas y espectáculos que eran organizados por la Delegación de Cultura y Fiestas» o desde una sociedad municipal.

Además, según el escrito, los seis principales acusados aprovecharon la situación «para la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales».

En el documento, el fiscal hace referencia a 22 convenios de planeamiento y a 14 convenios de gestión y enajenación de aprovechamientos urbanísticos, así como a cuestiones relacionadas con disciplina urbanística, contratos y concesiones administrativas, comisiones por pago de deudas municipales, la supuesta financación irregular de partidos y el incremento patrimonial de algunos de los acusados.

El escrito también menciona la dilación habida en el procedimiento, que se inició el 29 de marzo de 2007, y que «por deficiencias estructurales de la Administración de Justicia» se ha alargado durante más de una década. El Ministerio Público reconoce que concurre en todos los acusados la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación de la causa.

Recurso

Algunas de las defensas han adelantado su intención de recurrir el escrito de acusación al considerarlo extemporáneo, ya que juzgado instructor dio hace un año un plazo de 60 días para que se elaborara.

Estas defensas también han llamado la atención sobre los recursos pendientes de resolución por parte de la Audiencia Provincial de Málaga que han planteado en relación a la presunta implicación del comisario Villarejo en el origen de la investigación del 'caso Astapa'.

Varias defensas solicitaron que se incorporara a esta causa el resultado de las investigaciones que se están llevando a cabo por Juzgado Central de Instrucción N°6 en la 'operación Tándem' contra el alto mando policial y que en su opinión están relacionadas con 'Astapa'. Esta petición fue en su día considerada justificada por parte del fiscal, quien sin embargo ha emitido su escrito de acusación sin esperar a que se resuelva en torno a esa petición y antes de que la Audiencia decida otros recursos que en su opinión afectan al núcleo del procedimiento.