El fiscal se enfrenta a juez del 'caso PGOU' y califica de 'exótico' el auto de archivo de la causa

Julio Martínez Carazo. :: j-l/
Julio Martínez Carazo. :: j-l

Recurre la decisión, pide que se vuelva a abrir el caso y da por hecho que hubo un cambio de lindes que benefició a Ángeles Muñoz

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

Las diferencias entre el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella y el fiscal de área a cuenta del conocido como 'caso PGOU' se ha convertido en un enfrentamiento abierto y sin disimulo. Una semana después de que el primero, Gonzalo Dívar, ordenara el pasado 3 de septiembre el archivo del caso por segunda vez, el fiscal ha firmado un escrito en el que arremete con inusual dureza contra esa decisión y presenta un recurso de apelación.

El fiscal, Julio Martínez Carazo, califica en su escrito de «inusual, sorprendente e incluso exótico» que después de que la Audiencia Provincial considerara prematuro el primer sobreseimiento ordenado por el juez y dispusiera que se citara a nuevos testigos, el juez instructor, una vez practicadas esas pruebas testificales, volviera a acordar el sobreseimiento «privando no ya al Ministerio Fiscal, sino al Tribunal Supremo, órgano competente para en su caso la instrucción y al enjuiciamiento respecto de la denunciada Ángeles Muñoz, dada su condición de senadora, la decisión sobre la continuación o archivo del presente procedimiento».

En este procedimiento seinvestiga una posible falsedad en las actas del pleno municipal en el que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 2010 relacionada en concreto con la información que se dio a los ediles acerca de cambios de última hora dispuestos por el equipo redactor.

En su escrito, el fiscal reitera todos los argumentos expuestos en el recurso del año pasado, cuando se opuso al primer archivo, al no haber variado los mismos, y acusa al magistrado instructor de acudir «a la estrategia de defensa de culpar de lo acontecido a la persona fallecida (el exvicesecretario municipal, Javier de las Cuevas) y de esa manera tratar de eximir de responsabilidad a los demás partícipes del delito»

El representante del Ministerio Público sostiene que no cabe duda de que lo que recoge el acta del pleno del Ayuntamiento del 29 de julio de 2009, cuando se aprobó el PGOU, respecto de la modificación de 22 de los 71 planos que componían ese documento no coincide con la información que el vicesecretario del pleno (De las Cuevas) y la alcaldesa, Ángeles Muñoz, dieron al pleno antes de que el asunto se sometiera a votación.

Por ello, sugiere a la sala el visionado del vídeo del pleno y que se lo compare con lo que reflejan las actas. El fiscal insiste en que una cosa es lo que a la alcaldesa le corresponda formalmente en cuanto a la redacción del acta, responsabilida del secretario, «y otra bien distinta es que con su activa participación haya cooperado necesariamente a que en un documento oficial se falte a la verdad en la narración de los hechos». Según su razonamiento, «si Ángeles Muñoz hubiera informado al pleno y sometido a votación de éste una cuestión tan trascendental como la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella, no estaríamos planteando la comisión de ilícito penal alguno».

Denuncia original

En su escrito, Martínez Carazo se remite a la denuncia original que propició la apertura de este procedimiento, que se refería a una supuesta falsificación del PGOU y no a una presunta falsedad de las actas, y sostiene que la alcaldesa y su familia se beneficiaron de los supuestos cambios en el PGOU, «siendo así que la propuesta de PGOU que presentó el equipo redactor por registro de entrada el 12 de junio las lindes coinciden con las oficiales y la mansión y terrenos de la alcaldesa y su familia, entre otras personas, se sitúan en suelo rústico de Marbella y el 28 de julio de 2009 se acaba de falsificar el PGOU de Marbella y las lindes con Benahavís están alteradas de modo que perjudica al municipio pero beneficia a la alcaldesa y su familia».

Por este motivo, sostiene que hay elementos que inducen a pensar «en sentido contrario a lo que nuevamente mantiene el magistrado instructor en su resolución», la existencia de dolo en la conducta de la alcaldesa, que solamente de forma subsidiaria podría tener encaje en la figura de falsedad por imprudencia grave.

 

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