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Sábado, 12 de mayo 2018, 00:42
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Envueltos en pancartas y armados sólo con la fuerza de sus palabras, medio centenar de padres reclamaron a las puertas del colegio Juan Ramón Jiménez que sus hijos puedan seguir disfrutando de auténticas comidas caseras, defendiendo de este modo la amenazada supervivencia del modelo actual de cocinas con personal municipal del que disfruta este y otros dos centros más en Marbella, Vicente Aleixandre y Rafael Mayoralas.
Los padres denunciaron ayer que se sienten «engañados» por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a la que acusan de ocultar un proceso de licitación para eliminar el comedor con personal de cocina del colegio Juan Ramón Jiménez. Estos padres explicaron que el procedimiento que está en marcha desde el 23 de marzo tiene como objetivo prescindir de los tres cocineros actuales y sustituirlos por un sistema de cocina in situ. De facto, dicen, el primer paso para implantar el catering que funciona como norma general en el resto de colegios andaluces y al que se oponen.
«Nos sentimos engañadas porque ni en el pleno municipal del 28 de marzo, ni en la reunión celebrada el 2 de abril con la alcaldesa, ni en la reunión del 13 de abril con la delegación, ni en la asamblea de familias celebrada el 19 de abril se nos ha trasladado a las AMPAS esa información. Hoy (por ayer) estamos aquí para exigir que se pare ese proceso de licitación. Porque sabemos que existe una herramienta para pararlo: la voluntad política», afirman en el comunicado que suscriben las tres AMPAS afectadas.
Los padres solicitan en el escrito que el Consistorio manifieste de manera urgente su intención de continuar con el servicio de cocinas con personal municipal y solicite a la Delegación de Educación de la Junta el informe de no duplicidad y de no competencia impropia que ayuden a superar el reparo esgrimido por el interventor del Ayuntamiento y que tanto la delegada de Educación, Patricia Alba, como el jefe de planificación, Marcelo Gaitán, se mostraron dispuestos a redactar en la reunión mantenida con ellos el 13 de abril. Un paso que las AMPAS ya pidieron que diera el Ayuntamiento a través de registro de entrada el 25 de abril, tras acordarlo un centenar de familias en una asamblea días antes.
Tres son las razones que esgrimen las AMPAS para defender el sistema actual de cocina del que se benefician 800 usuarios: garantía de calidad en el servicio, garantía de calidad en el producto y beneficio para el comercio local, al que van a parar 500.000 euros al año en encargos de mercancía por parte de los tres colegios.
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