Un exvocal de la gestora, absuelto tras diez años imputado en dos macroprocesos

Rafael Duarte, cuando era miembro de la gestora. /Josele-Lanza
Rafael Duarte, cuando era miembro de la gestora. / Josele-Lanza

Dos resoluciones rehabilitan a Rafael Duarte tras una década de calvario judicial en los macroprocesos 'Astapa' y 'Majestic'

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

En junio de 2008 Rafael Duarte era uno de los políticos socialistas con mayor proyección en la Costa del Sol. Dos años años antes había sido sido designado vocal de Urbanismo en la gestora que permitió a Marbella recuperar la normalidad tras la 'operación Malaya' y después de las elecciones municipales de 2007 fue nombrado concejal de esa misma área en el Ayuntamiento de Estepona tras integrar como fichaje estrella las listas del PSOE en ese municipio.

Pero ese mes su estrella se apagó. La jueza que instruía en 'caso Astapa', que sacó a la luz una presunta red de corrupción e irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, lo citó a declarar como imputado. Le atribuía un presunto delito de prevaricación omisiva, es decir, de no denunciar delitos de los que supuestamente había tenido conocimiento. En caso de probarse esa acusación, debería purgar una pena máxima de seis meses de inhabilitación. Dimitió de su cargo y abandonó la política.

Duarte, un abogado especializado en Urbanismo de reconocida reputación y que estaba afiliado al PSOE por la agrupación de Marbella, había actuado antes de incursionar en política como asesor de varios ayuntamientos de la Costa del Sol. Los macroprocesos que se abrieron en esos años le deparaban otra desagradable sorpresa. En 2012 se desencadenó la 'operación Majestic' y se detuvo al exalcalde de Casares y expresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol Juan Casares. Se investigaba una presunta trama de blanqueo de dinero procedente de grupos criminales internacionales y Duarte fue imputado. Se la atribuía la autoría de un informe que avalaba la concesión de una licencia derivada de unos convenios urbanísticos aparentemente ilícitos. La licencia había estado sustentada en un informe de celeridad que los responsables municipales requirieron a Duarte, que por entonces ejercía como consultor externo en materia urbanística del Ayuntamiento de Casares, adonde acudía con periodicidad semanal. En su declaración ante el juez, el exalcalde Juan Sánchez, principal acusado en el caso, descargó sobre Duarte y sobre su entonces concejal de Urbanismo la responsabilidad relacionada con esa irregularidad.

Con dos imputaciones a sus espaldas, Duarte fue expulsado del PSOE, pero el ostracismo más grave no fue político, sino profesional. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), dependiente de la Junta, suprimió un curso de posgrado que impartía. El abogado, además, no consiguió ganar ninguno de los concursos públicos a los que se presentó durante todo este tiempo.

Sobreseído

Ahora, una década después de iniciado el calvario judicial, su nombre ha quedado libre de todo sospecha.

La Audiencia Provincial de Málaga lo condenó a 18 meses de multa por el 'caso Majestic', pero este miércoles se se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a su recurso y lo absuelve. Según esta sentencia, a la que tuvo acceso SUR, el abogado «no tuvo intervención en el otorgamiento de la licencia de primera ocupación, no intervino en ninguna actuación irregular ni previa, concomitante o posterior, y por ello no formó parte ni tuvo participación alguna en esos pactos ilícitos entre alcalde y promotor».

Esta absolución se suma a la decisión adoptada en enero pasado por el juez instructor del 'caso Astapa', que tras casi diez años de instrucción y en el momento de culminar la misma sobreseyó a Duarte y a otras 17 personas. En su caso, el juez señaló de manera explícita que «le queda patente la honorabilidad de este investigado».

Al abogado no se le constató, según el juez, «ni una resolución injusta desde el punto de vista de sus cometidos». Más aún, el instructor explica que durante su época como concejal no se realizó ni una sola valoración de aprovechamientos urbanísticos, cuestión sobre la que gira toda la causa. El auto señala también que el propio Duarte fue quien puso de manifiesto un funcionamiento en el ámbito del urbanismo «que no compartía con su filosofía y quehacer profesional».

Dos pronunciamientos claros de los tribunales que han llegado tras un calvario que ha durado una década.

 

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