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CHARO MÁRQUEZ
ESTEPONA.
Sábado, 21 de abril 2018, 00:11
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El Partido Popular criticó ayer la política de la Junta de Andalucía en materia de asistencia a los mayores, en concreto, en lo que respeta a las residencias públicas. Y lo hizo en las instalaciones de la residencia de Isdabe. La parlamentaria andaluza Esperanza Oña denunció que este centro tiene casi la mitad de sus más de 230 plazas sin cubrir. «Algo se está haciendo mal, porque parece que no hay mucho interés en que se cubran estas plazas», apuntó.
Además reveló otras carencias de este centro, como el hecho de que ninguno de los baños, algunos de ellos recientemente reformados, están adaptados para personas con discapacidad; o que nunca han tenido terapia ocupacional ofertada por la Junta, «salvo la que ha sido sufragada por el propio Ayuntamiento o porque alguno de los usuarios ha mostrado su voluntad de organizar algo a nivel particular».
Este ejemplo de Isdabe sirvió para que la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, alertara de la situación de «déficit «que sufre la provincia de Málaga respecto al número de plazas en residencias para mayores. Crespo aseguró que la oferta pública del Gobierno andaluz en este sentido sólo alcanza al 0,7 por ciento de la población mayor de 65 años.
La portavoz indicó que en Málaga el déficit de plazas en residencias para mayores sitúa a la provincia por debajo de la media andaluza y española. «No podemos consentir que haya recursos asistenciales por debajo de lo que requiere la población y que después, además, muchos de esos recursos ni siquiera estén adaptados», señaló Crespo que añadió que «gracias a las plazas privadas» aumenta la cobertura hasta un tres por ciento.
Ante estas circunstancias, Crespo anunció que se va a solicitar una comparecencia de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, para que aborde la situación de la cobertura pública de residencias para mayores, y «específicamente el estado en el que se encuentra Málaga en este ámbito».
Por otra parte, consideró que es necesario que se aborde lo antes posible una serie de «irregularidades» detectadas por la Cámara de Cuentas relativas a las contrataciones en residencias de mayores, «que se hacen por convenio y no mediante una contratación pública garantista», apuntó; y el vacío legal existente respecto a las ayudas que reciben algunos mayores para financiar su estancia en estas residencias.
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