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Batalla judicial o guerra política

Batalla judicial o guerra política

La lupa de Marbella ·

La resolución de la Seguridad Social por el talón de 12 millones cobrado por el Ayuntamiento vuelve a poner en evidencia el descarado uso partidista de las instituciones

Héctor Barbotta

Marbella

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Domingo, 31 de marzo 2019, 01:19

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Es una pena que la Tesorería General de la Seguridad Social no haya sido durante los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero tan diligente como ahora a la hora de reclamar lo que el Ayuntamiento de Marbella debe. De haber actuado durante aquellos gobiernos con un pequeño porcentaje del brío que exhibe ahora es más que probable que esa bola de nieve de más de 190 millones de euros que requirió de 15 años de negligencia e irresponsabilidad por parte de las más altas instituciones del Estado jamás se hubiera formado.

Durante todo ese tiempo, entre junio de 1991 y marzo de 2006, el Ayuntamiento de Marbella no pagó a la Seguridad Social ni una sola peseta y ni un solo euro de las cuotas correspondientes a los salarios de sus trabajadores. Lo que se hizo desde la Administración central, primero con el gobierno de González y después con el de Aznar, fue nada. Gil no era más que un personaje simpático, algo faltón pero gracioso, que los dos principales partidos soñaban ingenuamente con instrumentalizar contra su adversario. Su escenario, además, era Marbella, una ciudad habitada por ricos y a la que los señoritos, incluidos los señoritos de la política, sólo bajan de vez en cuando para disfrutar de unos días de cachondeo. Nada que mereciera la pena tomarse en serio podía estar sucediendo en Marbella.

También estaba la cuestión del oportunismo. Gil era para unos un aliado potencial que podía contribuir a acabar con la hegemonía política de los socialistas en la Costa del Sol durante aquellos años. Para otros, era la oportunidad de dividir el voto de la derecha. Lo dejaron hacer, con los resultados conocidos. Vaya estrategas.

No está de más recordar esto, para disgusto de quienes consideran que revisar la historia no sirve para nada, ahora que la Dirección General de la Seguridad Social ha dejado sin efecto el acuerdo para el fraccionamiento de esa deuda, negociado entre el Ayuntamiento y el Gobierno en 2012 y modificado con una disposición adicional incluida en los Presupuestos General del Estado en 2018.

Los partidos deberán trabajar mucho desde las instituciones para socavar la certeza, fundada en hechos incontestables, de que las deudas con otras administraciones que el Ayuntamiento de Marbella heredó del periodo gilista se han convertido en una poderosa arma política que utilizan con el mayor descaro, desvergüenza y oportunismo de cortas miras en perjuicio de la ciudad, como si sus vecinos fuesen niños de pecho incapaces de percibir lo evidente.

Fue en 2007, cuando el PP ganó las elecciones municipales, que el Ayuntamiento comenzó a reclamar un fraccionamiento de su deuda con el Estado, que ascendía a unos 280 millones de euros (más de un presupuesto anual). Sin embargo, hubo que esperar hasta 2012, cuando el mismo partido coincidió en ambas instituciones, para que se alcanzara un acuerdo. Han bastado menos de nueve meses de gobierno socialista en La Moncloa para que el acuerdo se rompa.

Algo similar ha sucedido con la deuda de 100 millones de euros que el Ayuntamiento de Marbella mantenía con la Junta de Andalucía. Esa deuda no fue heredada directamente del GIL; fue el dinero que la comisión gestora tuvo que pedir para que la institución municipal pudiera seguir funcionando. Tal era el estado en la que se lo encontró. En aquel momento, la Junta hizo el cálculo de lo que había dejado de invertir como consecuencia del aislamiento institucional al que Jesús Gil había condenado a la ciudad y el gobierno andaluz de entonces llegó a esa cifra redonda. 100 millones de euros que el Ayuntamiento se comprometió a devolver en diez años. La llegada de la crisis impidió cumplir con ese compromiso y el gobierno municipal, después de entregar inmuebles en pago de vencimientos, comenzó a reclamar una refinanciación. Como era de esperar, ésta no se consiguió hasta que en ambas instituciones coincidieron responsables bajo la misma sigla, esta vez la del PSOE.

Ahora, la Dirección General de la Seguridad Social ha dado por roto el primero de los acuerdos y se basa para ello en una interpretación del mismo al menos cuestionable. El convenio de refinanciación, incluido con rango de ley en los Presupuestos Generales del Estado de ese año como 'disposición adicional 70', concedía al Ayuntamiento un plazo de 40 años con un interés del 1 por ciento y establecía que los ingresos que el Ayuntamiento fuera obteniendo por el cobro de indemnizaciones de sentencias de casos de corrupción se destinara al pago del principal de esa deuda, que en 2006 ascendía a 279 millones de euros y que el año pasado se había reducido a 218 millones, sumando Hacienda y Seguridad Social.

Los presupuestos de 2018, elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy pero aprobados por la mayoría que sustentó la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en la Moncloa, incorporaron otra disposición adicional –la número 27, también con rango de ley– que establecía que se podrían excluir de esa regla «los bienes o derechos que, mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se destinen a la prestación de los servicios públicos municipales». Esta modificación dio cobertura para que el 22 de junio el presidente del tribunal que juzgó el 'caso Malaya', José Godino, entregara al Ayuntamiento un talón de 12 millones de euros procedente de la venta de bienes de Juan Antonio Roca que se imputaron a parte de la indemnización que el exgerente de Urbanismo está obligado a pagar por su condena en los casos Saqueo 1 y 2.

No había pasado una semana cuando Hacienda reclamó esa cantidad, con el argumento de que en el momento de la entrega del talón los Presupuestos General del Estado, y con ellos la disposición que amparaba la posibilidad de que el Ayuntamiento se quedara con el dinero, no estaban aún en vigor.

En octubre fue la Seguridad Social la que reclamó los fondos, esta vez con un argumento diferente: que la disposición adicional prevé que el Ayuntamiento puede quedarse con bienes o derechos, lo que, en su opinión, excluye el dinero.

La resolución parece no tomar en cuenta la providencia dictada en junio del año pasado por el tribunal de 'Malaya' en relación con el talón de 12 millones de euros, que señalaba su entrega al Ayuntamiento «por los derechos de crédito generados, en su calidad de perjudicado en los conocidos como casos Saqueo I y Saqueo II».

¿Puede ser considerado por lo tanto ese talón un 'derecho' que pueda ampararse en la disposición adicional a los presupuestos? La resolución dictada por el director general de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad, un alto cargo nombrado en su día por Rodríguez Zapatero y rescatado para la misma función tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, sostiene que no y aparentemente contradice el criterio del tribunal que realizó la entrega.

El documento firmado por Aibar señala que «la cantidad entregada a ese Ayuntamiento se ha obtenido en virtud del reconocimiento de una indemnización que no consistía en la entrega de bienes y derechos. Antes bien, la indemnización (…) se concreta en la determinación de cantidades dinerarias y por consiguiente se trata de cantidades que se encuentran fuera» de la aplicación de la norma.

La resolución va más allá, ya que señala que al haber sido condenado Roca a la satisfacción de una cantidad de dinero como indemnización, y ante su impago se proceda judicialmente a la ejecución de bienes para hacer frente a la misma, «no se altera la naturaleza de la indemnización ni de la responsabilidad civil». Los juristas deberán analizar ahora si ese razonamiento no abre las puertas a que el Estado acabe reclamando también las fincas propiedad de Roca que por el mismo motivo que el talón han pasado a formar parte del patrimonio municipal. Estas propiedades, al igual que el talón, proceden del cobro de unas indemnizaciones que fueron fijadas en cantidades de dinero. ¿Por qué la Tesorería de la Seguridad Social no las ha reclamado todavía?

El Ayuntamiento ha llevado el asunto al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, que le ha dado la razón al suspender cautermente la resolución de la Seguridad Social. Sin embargo, se avecina una batalla jurídica seguramente larga en la que estaría bien que todas las fuerzas políticas municipales mantuvieran una postura de unidad en defensa de los intereses comunes.

No se puede ignorar que existe una guerra de otro tenor. Durante los años en los que gobernaba el tripartito encabezado por José Bernal, el reclamo al Gobierno de Rajoy para que Marbella pudiera disponer de las indemnizaciones y de los bienes incautados durante el 'caso Malaya' fue una constante. Sin embargo, fue Muñoz la que consiguió, tras recuperar la Alcaldía, llegar a un acuerdo con el Gobierno por esa cuestión de afinidades partidarias que se mencionaban al comienzo y que deberían invitar a la reflexión sobre la falta de sentido institucional de los partidos y sobre la instrumentalización partidaria de las instituciones. La recuperación de los bienes se convirtió, por lo tanto, en una bandera de Ángeles Muñoz. Sus adversarios parecen ahora decididos a arrebatársela. El propio Bernal, que acusa a la alcaldesa de haber puesto en peligro la viabilidad financiera del Ayuntamiento al provocar la ruptura del acuerdo de fraccionamiento de la deuda, propuso el pasado miércoles que el Ayuntamiento pague los 12 millones a la Seguridad Social y sólo después recurra. Cabe preguntarse si es eso lo que hará si resulta elegido alcalde dentro de dos meses. Sobre todo después de la decisión judicial favorable inicialmente a los intereses municipales frente a una postura de la Seguridad Social ante la que resulta muy difícil no hacer una lectura política.

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