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Acusan a una médico de confundir un virus estomacal con un infarto cardiaco mortal en Marbella

Acusan a una médico de confundir un virus estomacal con un infarto cardiaco mortal en Marbella

La Fiscalía dice que, tras asistirla en casa y no hacerle las pruebas necesarias, decidió no volver a la vivienda ante una segunda llamada de auxilio de la familia

Martes, 19 de noviembre 2019, 00:42

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Hasta tres llamadas realizaron a los servicios de emergencias sanitarias los familiares de una mujer para que la asistieran. Insistían en que se encontraba mal, con vómitos, desmayos y hasta pérdida de visión en un ojo. Para la médico de la ambulancia del Servicio Andaluz de Salud que acudió al domicilio y que la asistió eran los síntomas de un virus estomacal, sin embargo la paciente acabó perdiendo la vida por un infarto cardiaco una hora después de que, tras una primera valoración, decidiera no volver a la vivienda para atender de nuevo a la fallecida. Así asegura la Fiscalía que actuó la doctora, a la que sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y profesional.

La fallecida era una mujer de 62 años que se encontraba en tratamiento por padecer hipertensión y síndrome depresivo-ansioso. Asimismo, había sufrido un infarto cerebral de carácter leve y se le había realizado un estudio cardiológico en el Hospital Costa del Sol en meses previos al suceso, por sospecha de una angina de pecho, algo por lo que estuvo en tratamiento cardiológico.

Los hechos tuvieron lugar el día 8 de marzo de 2013 en Marbella. La mujer se encontraba en casa junto al menor de sus dos hijos, con el que convivía en esos momentos. La Fiscalía, al igual que la acusación particular, que ejerce la familia de la fallecida en este caso, mantienen que empezó a sentirse mal, sufriendo vómitos, dolor gástrico y llegando a perder el conocimiento en varias ocasiones.

Fue el hijo quien decidió avisar a los sanitarios. Se puso en contacto con el médico de cabecera que normalmente trataba a su madre, quien, a su vez, llamó al Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Eran las 14.35 horas cuando requirió asistencia por un posible accidente cerebro vascular, manifestando que era de máxima prioridad e informando de que había perdido la consciencia, que no veía por un ojo y que era hipotensa.

Tres minutos después, las acusaciones explican que el centro de emergencias se puso en contacto con el domicilio, indicando el hijo que su madre había vomitado mucho, que se había desmayado y recuperado. Asimismo, precisó que tenía un fuerte dolor en la espalda y en el estómago, que veía luces por un ojo y que se encontraba en tratamiento por hipertensión y que sufría una depresión.

Todo ello, insisten las acusaciones, fue puesto en conocimiento de la médico de urgencias del Servicio Andaluz de Salud que se desplazó hasta el domicilio para atender a la paciente. Ella es la acusada en este procedimiento. Se lo dijeron antes de entrar y, una vez en el interior, se le realizaron diversas pruebas a la fallecida, aunque aseguran que la acusada descartó llevar a cabo un electrocardiograma pese a que tenía los medios adecuados para ello.

Tras la exploración, la procesada le diagnosticó un cuadro gastroenteral a la paciente. Asimismo, le suministró medicación y le comentó tanto a ella como a los familiares las pautas que debían seguir. Sin embargo, no procedió al traslado hasta un centro hospitalario de la mujer, que quedó en el domicilio.

Pero la fallecida no mejoró. Sobre las 15.26 horas el hijo volvió a llamar a los servicios de emergencias solicitando una nueva asistencia, ya que su madre se encontraba «muy mal». Expuso que seguía vomitando, con dolor de estómago, que tenía convulsiones y que continuamente se desmayaba y se despertaba.

Desmayos y vómitos

Entonces el centro de coordinación se puso en contacto con la médico que le había atendido. La Fiscalía y la familia mantienen que la doctora se encontraba en el centro de salud de Las Albarizas, en Marbella, y que, habiendo consultado ya el historial médico de la paciente, decidió no acudir de nuevo a la vivienda y atender por teléfono a su hijo: «Este manifiesta que su madre 'se había caído fulminante, con los ojos vueltos y vomitando', que le había tenido que sacar la lengua para que no se la mordiera, pero que parecía que ya se encontraba mejor».

Pese a este relato de la situación en la que se encontraba la paciente, las acusaciones aseguran que la médico le dijo que todo era «normal» y que todo se debía al virus de gastroenteritis. Así, volvió de nuevo a darle las pautas a seguir.

Quien realizó la tercera llamada a los servicios de emergencias fue el mayor de los hijos de la fallecida, quien había acudido al domicilio ante la situación en la que se encontraba su madre. A las 15.49 horas pidió asistencia porque la fallecida estaba convulsionando y sin conocimiento.

Entonces se enviaron al domicilio una UVI móvil y otra unidad de urgencias de Marbella del Servicio Andaluz de Salud. Mientras llegaban, las acusaciones relatan que los servicios sanitarios dieron las pautas a seguir, entrando la paciente en parada cardiorrespiratoria, comenzando los familiares a practicarle la reanimación cardiopulmonar.

Una vez en la vivienda, los sanitarios asistieron a la paciente. Sin embargo, la mujer acabó falleciendo, siendo la causa un infarto cardiaco, siempre según exponen la fiscal y la familia de la mujer en sus escritos de acusación contra la doctora.

La representante del Ministerio Público asevera que en este caso ha existido «un incumplimiento de las normas elementales del ejercicio de la profesión médica por parte de la acusada que finalmente ha llevado al fallecimiento» de la mujer. En este sentido, explica que, atendidos los antecedentes e historia clínica de la paciente, no le realizó las pruebas necesarias, no utilizando los medios que tenía a su disposición, lo que llevó a un error de diagnóstico a la procesada, sobre la que insiste en que es la responsable de la evaluación y tratamiento de la paciente.

La familia, al igual que la fiscal, considera que ha existido un incumplimiento de las normas del ejercicio de la medicina. Además, indica que el error de diagnóstico de la acusada evitó el traslado de la mujer a un centro hospitalario, «donde hubiera contado con todos los medios médicos necesarios desde el primer momento».

«Asistencia deficiente»

En su escrito de acusación, los familiares de la fallecida afirman que la doctora no hizo las pruebas elementales. Tras esta «asistencia deficiente» y pese a leer el historial médico de la paciente, así como a las llamadas de auxilio del hijo, apuntan que la médico decidió no acudir nuevamente al domicilio a atenderla, lo que supone –insisten– una «total dejadez en sus obligaciones».

Tras hacer este relato de los hechos, en el que ambas partes coinciden, las acusaciones solicitan que la procesada sea condenada por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y profesional. La fiscal pide una pena para la doctora de dos años y medio de cárcel, así como que sea inhabilitada para el ejercicio de la profesión sanitaria durante cuatro años y medio. También espera que se ordene una indemnización para los herederos de 150.000 euros.

Aunque la familia considera que cometió el mismo delito que indica la Fiscalía, solicita penas mayores. En concreto, cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. En cuanto a la indemnización, la suma que estima es de 225.000 euros.

La doctora insiste en que actuó de forma correcta

La médico que asistió a la mujer fallecida en su casa en Marbella el 8 de marzo de 2013 se sentará, previsiblemente, el próximo día 4 de diciembre en el banquillo de los acusados para responder por estos hechos y enfrentarse a los dos años y medio y a los cuatro años de cárcel que solicitan para ella la Fiscalía y la acusación particular, respectivamente. Por su parte, la defensa de la procesada se muestra disconforme con los hechos denunciados tanto por el Ministerio Público como por la familia de la fallecida.

Al respecto, asegura que procede la libre absolución de la acusada, ya que afirma que «actuó en todo momento de acuerdo a una correcta praxis médica». Según se recoge en el escrito de defensa, se insiste en que la doctora no fue la responsable del fallecimiento de la paciente.

La acusada es licenciada y doctora en medicina y cirugía. Colegiada desde 1993 en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga, se encuentra habilitada para desempeñar funciones de médico de medicina general en el Sistema Nacional de Salud Español.

En la fecha en la que ocurrieron los hechos, la doctora prestaba sus servicios como funcionaria pública en los dispositivos de cuidados críticos y urgencias del Servicio Andaluz de Salud.

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