La Fiscalía pide que se investigue al alcalde y a cuatro ediles de Benahavís por la readmisión como indefinidos de excargos de confianza

El fiscal jefe de Marbella ha denunciado al alcalde de Benahavís, José Antonio Mena (PP), y a los cuatro ediles que integran su junta de gobierno por un presunto fraude en la contratación de personal en el Ayuntamiento. El fiscal considera que el regidor y su equipo de gobierno, formado por María José Guerrero, Ángeles Mena, Antonio Castaño y Esperanza González, pudieron haber incurrido en los delitos de malversación y prevaricación por la contratación de unos trabajadores que antes habían sido cargos de confianza. El juzgado en el que ha recaído la denuncia no ha llamado aún a declarar a los denunciados, aunque sí ha ordenado al Ayuntamiento que remita documentación.

Según la postura del fiscal, adoptada tras una denuncia del grupo socialista del Ayuntamiento de Benahavís, estos cargos de confianza contratados desarrollaban solamente tareas administrativas y al ser despedidos presentaban demandas ante los juzgados de lo social. Al considerarse que los contratos habían sido concertados en fraude de ley, se condenaba al Ayuntamiento a readmitir a los trabajadores o a indemnizarlos.

En el decreto por el que deduce denuncia contra los concejales, emitido el pasado 31 de marzo, el fiscal sostiene que el alcalde y los concejales de la junta de gobierno tenían conocimiento de que su actuación suponía transformar un contrato eventual en indefinido y que ello causaba un quebranto para la hacienda local. El fiscal se refiere en ese sentido a los reparos que en todos los casos emitía el interventor del Ayuntamiento.

La investigación se inició en noviembre del año pasado tras una denuncia formulada por el grupo municipal socialista de Benahavís en referencia a la supuesta contratación irregular de trece cargos de confianza, que al ser despedidos en diciembre de 2013 al entrar en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local denunciaron al Ayuntamiento y consiguieron ser readmitidos al estimar los juzgados que habían sido contratados en fraude de ley.

El escrito del fiscal cita diez reparos formulados por la intervención municipal entre 2009 y 2013 en los que cuestiona estas contrataciones, ya que daban lugar a un quebranto de la hacienda local, a un abono indebido de cantidades y, en los supuestos de readmisión, a la conversión de personal laboral en indefinido. En cuatro de esos reparos se instó al alcalde a abandonar las contrataciones de personal en fraude de ley y a la regularización del personal indefinido mediante la convocatoria de plazas mediante una oferta de empleo público. En sus diferentes advertencias, el interventor se refiere a al menos 15 casos de contrataciones realizadas por este sistema.

El pasado 4 de mayo, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella remitió un escrito al Ayuntamiento en el que le requiere que emita un informe sobre el quebranto total que se haya podido causar a las arcas municipales por todas las contrataciones efectuadas y que informe también si el salario bruto que percibía cada uno de los contratados como personal de confianza es el que les hubiera podido corresponder por las tareas administrativas que realizaban.

También ha requerido al secretario municipal que certifique quiénes componían las juntas de gobierno local en cinco sesiones celebradas el año pasado. De momento no se ha citado a declarar a ninguno de los denunciados, entre los que se encuentra el alcalde, que ha declinado hacer declaraciones sobre el asunto.

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