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NIEVES CASTRO
Jueves, 13 de abril 2017, 00:06
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La polémica distribución de las terrazas hosteleras que jalonan la turística Plaza de los Naranjos sigue viva tras la rehabilitación del enchinado central, menester al que el Ayuntamiento de Marbella destinó 60.000 euros de fondos europeos. Podemos añadió ayer nuevos argumentos para alimentar el descontento vecinal, canalizado a través de la plataforma La plaza es nuestra, ya que, según la formación morada, la instalación de las terrazas cuenta con objeciones del interventor y carece, además, de un informe jurídico.
Según Podemos, presente en el Ayuntamiento de Marbella a través de su marca municipal Costa del Sol Sí Puede (CSSP), de acuerdo a la información obtenida, el interventor municipal habría pedido en su informe que el tripartito traslade los «condicionantes» que han llevado a revocar las antiguas autorizaciones y a otorgar otras nuevas para estudiar su adecuación a la ordenanza vigente de ocupación de vía pública con carácter previo a la concesión de las autorizaciones. Sin embargo, Podemos sostiene que dicho requerimiento no aparece satisfecho en el expediente. Asimismo, y siempre según la formación morada, en el expediente de la propuesta de instalación no hay tampoco ningún informe de los servicios jurídicos. «Dado el carácter tan relevante que reviste la gestión del espacio público, del cual la Administración debe ser garante, estas autorizaciones deben ser estudiadas con el máximo rigor. Muy al contrario de la laxitud con la que el equipo de gobierno lo está tratando, limitándose a aparentar mediar entre dos intereses a los que erróneamente otorga la misma legitimación sobre el derecho a ocupar un espacio público: los económicos privados y los de la ciudadanía», señala la formación en un comunicado.
Orden del día
Desde Podemos interpretan que el equipo de gobierno se ha plegado a los intereses hosteleros y que ha tramitado el asunto de urgencia, sin siquiera figurar el asunto en el orden del día de la Junta de Gobierno Local del pasado 4 de abril donde se dio luz verde a la nueva disposición de las mesas. La formación sostiene que la nueva distribución en los laterales constriñe el espacio y cierra los accesos, lo que dificulta no sólo el disfrute real del recuperado espacio por parte de vecinos y turistas, sino la eficaz actuación de los servicios sanitarios, bomberos y policías en caso de ser requeridos.
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