El Tribunal de Malaya revoca el tercer grado concedido a la abogada Corulla

La Audiencia Provincial de Málaga estima el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía Anticorrupción y acuerda mantener el segundo grado penitenciario para la letrada, según el auto, al que ha tenido acceso Efe.

El régimen de semilibertad fue concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitencia de Madrid basándose en que la interna cumple condena por una sola causa, por unos hechos antiguos y que ha estado un largo tiempo en libertad provisional sin que consten incidencias negativas.

Además, a criterio de juez, se observa buena conducta, carece de adicciones, participa de forma correcta y es responsable en las actividades y tareas encomendadas así como que ingresó en prisión de forma voluntaria.

Esta decisión fue adoptada por el juez pese a que el pasado 26 de marzo la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá de Henares) formuló escrito en el que se decía que no podía afirmarse que la penada estuviese capacitada, por el momento, para llevar un régimen de vida en semilibertad.

Pese a dicha afirmación el juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le concedió el tercer grado y el fiscal, en su recurso, se apoyó en los motivos esgrimidos por la prisión de mujeres, donde se encuentra recluida, "gravedad del delito, larga condena, lejanía del cumplimiento de las tres cuartas partes".

El fiscal destacaba en su recurso que Montserrat Corulla "ni tan siquiera ha cumplido la cuarta parte de condena", así como la "alarma social" ocasionada con dicho procedimiento que afectaba a la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

El Tribunal de Malaya señala que el régimen de segundo grado es el mejor que se ajusta a sus circunstancias y añade que no es el momento de proceder a un régimen de vida en semilibertad, al tiempo que recuerda que la penada no ha cooperado con la policía en la investigación de la trama de corrupción y tampoco ha asumido su responsabilidad delictiva.

El pasado julio este mismo tribunal denegó su libertad mientras se tramita el indulto parcial que ha presentado ante el Consejo de Ministros.

Montserrat Corulla fue condenada a la pena de tres años y medio de prisión por blanqueo de capitales, así como a una multa de 30 millones de euros con arresto sustitutorio en caso de impago e inhabilitación general y especial para profesión o industria durante cinco años.

El pasado junio, la letrada solicitó un indulto parcial de la pena privativa de libertad por "entender de justicia" que se indulte la mitad de su condena.

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Corulla para pedir el indulto figuran la antigüedad de los hechos (13 años), la necesidad de reparar la situación y la gravedad de la vulneración del derecho constitucional reconocida en sentencia que le estimó el atenuante de detención irregular.

Su defensa también insistió en que Corulla ingresó voluntariamente en prisión y su cooperación con la justicia, así como la inexistencia de antecedentes delictivos de ningún tipo anteriores o posteriores.