El PP pide garantías por escrito de que no se derribarán viviendas en Marbella

Con la maquinaria puesta en funcionamiento para salir del atolladero urbanístico que ha supuesto la anulación del Plan General de 2010, los populares de Marbella pidieron ayer tanto al Ayuntamiento de la ciudad como a la Junta de Andalucía un compromiso expreso y por escrito de que no se ejecutará la demolición de ninguna de las casi 16.000 viviendas que se edificaron en el término municipal durante la 'era GIL'.

El concejal del PP Cristóbal Garre, que compareció en rueda de prensa para presentar las diez alegaciones que su grupo ha presentado a la modificación de las normas urbanísticas del PGOU del 86 que el equipo de gobierno llevó a pleno el pasado julio, afirmó que existe la posibilidad legal de amparar a los llamados propietarios de buena fe, aquellos que compraron sus viviendas desconociendo que eran irregulares. Eso es posible según el edil tras la modificación de la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial y, entre otras, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) introduciendo un apartado 3) en el artículo 108 de la LJCA que establece exigencia de garantías de pago de indemnizaciones a terceros de buena fe en casos de demoliciones para restaurar la legalidad urbanística. «El artículo salió antes de la sentencia anulatoria del Tribunal Supremo y viene a decir que se tienen que prestar garantías por parte del Ayuntamiento y la Junta en el momento en que se vayan a hacer las demoliciones. Como hemos escuchado de forma verbal que no se instará a ninguna demolición, lo que queremos es que se traslade al papel para certificarlo», indicó el concejal en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante la explicación de las alegaciones, ocho de ellas de carácter técnico, Garre se refirió a la solicitud para que el tripartito presente un texto refundido que evite a los distintos agentes urbanísticos trabajar con normas de 1986 y un documento de adaptación. Asimismo, subrayó que la modificación de las normas urbanísticas propuestas por el equipo de gobierno incumple numerosos preceptos de la LOUA, una circunstancia que ha motivado el grueso de las alegaciones del partido.

Informes técnicos y jurídicos

«Es difícil hacerlo peor», apostilló el popular que también se refirió a la «situación de indefensión» generada después de que el PSOE haya presentado alegaciones al documento que ellos mismos han elaborado como equipo de gobierno. «Si tenían que modificar algunos aspectos, lo tenían que haber llevado al documento original que se aprobó en julio», dijo Garre tras subrayar que el texto que resulte de esta «autoenmienda» ya no podrá ser revisado, ni por supuesto, enmendado.

La concejala de Urbanismo, Isabel Pérez, señaló que «es positivo que el documento se consensúe». Señaló que la modificación de las normas urbanísticas elaborada cuenta con todos los informes técnicos-jurídicos pertinentes, y que las alegaciones del PP en este sentido serán estudiadas junto con el resto de las presentadas.

La máxima responsable de Urbanismo aseguró que desde el equipo de gobierno ven con buenos ojos, y así se ha defendido, la necesidad de redactar un texto refundido. Por último, respecto a las garantías exigidas para los compradores, Pérez se limitó a señalar que el Tribunal Supremo que declaró nulo el PGOU de 2010 «se refiere a los terceros de buena fe en unos términos distintos a los del PP».