El fiscal pide rescatar a los investigadores de 'Malaya' para cobrar las multas del caso

En un escrito firmado el pasado 5 de octubre dirigido a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, sala que actuó como tribunal en el caso, el fiscal pide que se encomiende esa tarea a los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la investigación del caso. En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, López Caballero no señala qué porcentaje de los 550 millones de euros (más de la mitad de los cuales, 233 millones de euros, corresponde a la multa impuesta a Juan Antonio Roca) se ha conseguido cobrar, aunque reconoce que hasta el momento están pendiente de pago «la mayor parte de las responsabilidades pecuniarias impuestas a los condenados en la causa».

El fiscal reconoce también que la información obtenida para ese fin a través del Punto Neutro Judicial resulta insuficiente a la hora de verificar la verdadera capacidad patrimonial de los penados, «sobre todo si los bienes y fondos se hallan bajo la cobertura de personas físicas o jurídicas con las que se oculta su real titularidad».

Por ello, traslada al tribunal la conveniencia de que se recabe la designación de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la brigada de Blanqueo de Capitales de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía para que les encomiende la búsqueda y localización de activos patrimoniales de los condenados

En concreto, pide que se designe para esa tarea a los funcionarios que ya intervinieron en la investigación del caso. Debe recordarse que el grupo conjunto de policías y funcionarios de Hacienda que llevó adelante la investigación del caso Malaya fue desmantelado en la etapa final de la instrucción.

Dado que gran parte del patrimonio de Juan Antonio Roca, el principal condenado, sí fue localizado durante la investigación, el escrito del fiscal hace referencia a otros de los implicados. Entre ellos destaca al abogado Manuel Sánchez Zubizarreta y al contable Salvador Gardoqui, a quienes se les impusieron 100 millones de euros a cada uno, y a Montserrat Corulla, testaferro de Roca, que debe pagar 30 millones de euros.

También señala al prófugo Juan Germán Hoffman, socio de Roca (17,3 millones), al testaferro Óscar Benavente (8,6 millones), al exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella Pedro Román (6,7 millones) y al propietario de la inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado (2,2 millones).

Dos meses más

Una auto dictado por el Tribunal en relación al cumplimiento de las penas señaló que en caso de que las multas no se abonaran, los condenados sufrirían el embargo de sus bienes y si son insolventes deberán cumplir como máximo dos meses de prisión que se le añadirán a la pena principal de cárcel a la que hayan sido condenados.

Juan Antonio Roca, el cerebro de la trama de corrupción, penado a 17 años de cárcel, debe responder él solo al pago de 233,3 millones de euros, entre multas y responsabilidad civil, por los delitos de cohecho, blanqueo y contra la Hacienda Pública. Sus bienes se encuentran desde hace tiempo embargados, algunos de ellos, incluso, ya han sido vendidos, para pagar las responsabilidades derivadas de la sentencia por el «caso Saqueo I», por el que fue condenado a seis años de cárcel por la Audiencia Nacional.