El Ayuntamiento de Marbella se escuda ahora en la Fiscalía para no dar a conocer el informe sobre el PGOU

El informe que el área municipal de Urbanismo ha remitido a la Fiscalía, a petición de propio Ministerio Público, con la información requerida acerca de la presunta alteración de planos que se realizó al Plan General de Ordenación Urbana de 2010 no se dará a conocer hasta que el fiscal lo autorice. Es la propuesta que el equipo de gobierno tripartito sacaba adelante en el pleno con una enmienda de sustitución a la moción de urgencia presentada por el grupo del PP. Los populares exigían que se les remitiera el documento. La propuesta defendida por la edil de Urbanismo Isabel Pérez era clara: preguntar a la Fiscalía si se hace público el documento, no sólo a los grupos municipales, sino a toda la ciudadanía, colgando en la página web municipal el informe. Y ello, a pesar de que desde hace días la versión sostenida desde el grupo socialista, ante las peticiones del PP, ha sido la de que el informe estaba en Urbanismo «a disposición de quien quiera consultarlo».

Los populares tuvieron a tiro la posibilidad de tumbar el planteamiento de los socialistas con la mayoría de votos que alcanzaban al conseguir en este punto el apoyo de los dos concejales de CSSP. Sin embargo, a la hora de levantar la mano, en la bancada popular tan sólo había 10 concejales (de los 13 que tienen). La ausencia de Ángeles Muñoz se excusó desde el principio por un tema médico de un familiar. Los otros dos ediles habían salido del salón de plenos minutos antes. Con este panorama la votación arrojó un empate a 12 votos. El voto de calidad del alcalde terminó inclinando la balanza a favor de la propuesta del tripartito.

Antes de llegar a este punto, el debate fue agrio, aunque poco aportó a lo ya oído durante esta semana. Desde el grupo popular, el portavoz Félix Romero insistió en que las modificaciones que se hicieron fueron «técnicas» y realizadas «por el propio equipo redactor del documento». Romero arremetió contra el PSOE, acusándoles de «hacer daño a la ciudad». «Enseñen el informe, reconozcan quién hizo los cambios y si mienten, aténganse a la consecuencias», indicó.

La edil de Urbanismo, Isabel Pérez, defendió que el expediente no se ha abierto por el equipo de gobierno, sino por la Fiscalía, y acusó al PP de no haber hecho pública en su momento la documentación y los cambios introducidos, «que no se les dio a los grupos». Fue por ello, por lo que, dijo, en el pleno de septiembre de 2009, cuando se votó el acta de la sesión de julio de 2009 en la que se dio luz verde al PGOU (segunda aprobación provisional) ninguno de los grupos entonces en la oposición votaron a favor. «Porque vieron que la documentación era diferente», expuso.

«Tienen ustedes un problema, señores del PP», advirtió desde el grupo de OSP Rafael Piña, quien incidió igualmente en que se introdujeron cambios en el documento inicial que no fueron comunicados».

Miguel Díaz, portavoz de IU,defendió que Marbella «ni se parte ni se reparte». Antes había respaldado la necesidad de que sea la Fiscalía la que autorice que se haga público el informe remitido por Urbanismo.

Previamente al debate se había dado la palabra a una representante del movimiento ciudadano anti deslinde, Fabiola Mora, a quien la limitación de los tres minutos de intervención fijados por el pleno se le quedaron cortos para el relato de la labor que desde enero de 2015 viene realizando la plataforma.

No fue ésta la única participación de un ciudadano al que se dio la palabra en la sesión plenaria de ayer. En una de las mociones defendidas por IU en apoyo a las movilizaciones del 28 de Mayo Pan, techo, trabajo y dignidad, fue uno de los miembros del movimiento 22M Marchas por la dignidad, David Mena, quien expuso sus reivindicaciones.

El salón de plenos contó entre el público con una representación de los trabajadores de los organismos autónomos locales que vieron al fin iniciada oficialmente la integración de las plantillas en la estructura del Ayuntamiento. El pleno dio luz verde por unanimidad a la disolución de las oales. Fue el portavoz socialista Javier Porcuna quien defendió una medida «que lleva siendo una promesa desde 2007, pero que ha puesto en marcha este gobierno», felicitando además a los trabajadores por su paciencia. Desde el grupo popular, el edil Javier García recordó que el proceso se inició de la mano de Ángeles Muñoz. «Trabajó por la estabilidad de la plantilla», dijo, y reconoció que la situación de las arcas municipales «no permitió en estos años pasados esta integración».

Gastos

En un orden del día descafeinado de nuevos proyectos para la ciudad, una de las mociones de mayor interés permitirá conocer a los ciudadanos adónde va parte sus impuestos. El grupo socialista sacó adelante una propuesta que revelará el gasto en teléfono tanto de la anterior corporación como de la actual. Igualmente se ha acordado publicar el uso del anticipo de caja que en los últimos 4 años ha hecho el anterior gobierno. Una enmienda del PPdefendía que igualmente se inste al consejero delegado de la empresa de aguas Acosol a publicar los gastos de José Bernal mientras ocupó ese cargo. La mayoría de votos del tripartito y CSSPdio la vuelta a la propuesta para que iguamente se dé a conocer ese dato en el periodo de gobierno posterior a Bernal, en este caso, el del PP.

El edil de Hacienda Manuel Osorio defendió en este punto que el tripartito ha reducido en un 35% el gasto telefónico, y que en protocolo se ha pasado de los 19.700 euros que hubo en el ejercicio de 2014 a los 3.500 de los once primeros meses del nuevo gobierno.

El equipo de gobierno dio igualmente la vuelta a la propuesta del PPen la que se pedía que tanto el personal eventual como los asesores externos «muestren la máxima diligencia y colaboración con la justicia y con comisiones de investigación». En la exposición, Félix Romero hizo referencia a Carlos Cañavate, el asesor del alcalde que se negó a declarar en la Comisión de Investigación por el fraude de los cursos de formación de la Junta. Se aprobó la propuesta popular, pero el PSOEintrodujo una enmienda que implica: la condena de la ciudad de Marbella a la ministra Fátima Báñez por no declarar ante la justicia en la investigación de los cursos de formación; la inmediata dimisión de cualquier cargo electo «que hubiera falseado o sesgado su declaración de bienes» (aquí el alcalde hizo alusión directa a Ángeles Muñoz); y «la obligatoriedad de publicar los bienes de cualquier sociedad que ostenten los cargos electos del Ayuntamiento».